Argumentos a debate

La Tortura: fuera de control

El jueves, Amnistía Internacional dio a conocer el informe "La Tortura fuera de control en México" en el que destaca datos y testimoniales verdaderamente escalofriantes sobre la manera en que ésta práctica no sólo está lejos de haberse erradicado en nuestro país sino que parece volver con fuerza a la práctica cotidiana de las fuerzas de seguridad. Un primer dato que asombra por sus implicaciones tiene que ver con que 64% de los mexicanos teme sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes como los denomina el derecho internacional, al ser detenidos. Esto contrasta con la cifra de 123 casos seguidos por tortura entre 2005 y 2013 de los cuales sólo 7 fueron condenas. En el ámbito estatal, peor aún, sólo se registraron cinco condenas por tortura en el mismo periodo. El segundo dato que es alarmante tiene que ver con que en 2013 aumentaron por un 600% las denuncias por esas prácticas respecto a 2003. Las más comunes fueron por palizas, violencia sexual, amenazas de muerte, descargas eléctricas y prácticas de semi-asfixia.

No cabe duda, advierte la organización, que en los últimos años se ha incrementado la tortura de manera vertiginosa. Esto, a pesar de que de manera reiterada las autoridades policiales, judiciales y administrativas han minimizado el tema. De acuerdo con el informe, a pesar de algunos esfuerzos poco fructíferos, la tortura sigue desempeñando un papel central en las actuaciones policiales y operativas de seguridad pública de las fuerzas policiales y militares. Ante la ausencia de una firme voluntad política para erradicar la tortura así como de un liderazgo importante para encabezar una cruzada en su contra, esta práctica se ha multiplicado exponencialmente tomando ventaja de amplios espacios de impunidad. Tan sólo en 2013, la CNDH recibió 3842 denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por instituciones federales de seguridad pública en relación con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación y uso ilegal de la fuerza. Ante esta terrible situación, Amnistía Internacional ha demandado al Gobierno mexicano que tome medidas urgentes con el objetivo de poner fin al uso persistente y generalizado de esa práctica, a hacer las reformas necesarias para que el sistema de justicia penal no siga admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria y la tortura y a cumplir estrictamente con los estándares internacionales establecidos en el Protocolo de Estambul para investigar los casos de tortura y otros malos tratos. Conviene recordar que la ausencia de investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un abuso aún mayor en la medida en que las víctimas carecen de un recurso efectivo a la justicia y el resarcimiento del daño. Definitivamente, esto no podría ocurrir si se hubiera combatido, desde el gobierno federal y los estatales, el entorno de impunidad y de tolerancia hacia estas prácticas. Parece mentira que esto suceda a tres años ya de la promulgación de la reforma de derechos humanos que, debiera estar ya arrojando resultados junto con reformas recientes a la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura a fin de satisfacer las recomendaciones internacionales.

En todo caso, como afirmó el relator especial de la ONU de visita en México en abril, el problema tiene que ver mucho más con la implementación de la ley que con la calidad. No en balde, un tema como éste no recibe atención en el Segundo Informe.