Argumentos a debate

La Suprema Corte como garante de los derechos humanos

Durante los procesos de transición democrática en el mundo hay un actor de la mayor importancia cuyo trabajo continuo y discreto, normalmente fuera de los grandes reflectores mediáticos, aporta en asuntos verdaderamente cruciales a la consolidación de un régimen de libertades. El caso mexicano no es la excepción y, en el contexto de un proceso lento pero sistemático de reforma del sistema judicial, la Suprema Corte ha jugado un papel esencial en la implementación de grandes reformas constitucionales. Es el caso de la reforma constitucional de 2011 que en materia de derechos humanos ha transformado radicalmente los alcances del concepto en el corpus normativo de nuestro país.

El Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un galardón honorario que se otorga a personas y organizaciones en reconocimiento a sus logros destacados en la esfera de los derechos humanos. Cabe señalar que desde la primera edición del galardón en diciembre de 1968, los ganadores se eligen, a partir de una lista consolidada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, por un Comité que consta de cinco miembros a saber: los Presidentes de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social, del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión de la condición jurídica y social de la mujer y del denominado Comité Asesor. A su juicio, y tal como se expresó durante la ceremonia de premiación el pasado 10 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha prestado servicios eminentes a los derechos humanos al contribuir de manera significativa en la promoción de los mismos a través de sus interpretaciones y concretamente mediante decisiones trascendentales para vincular a México de manera directa y permanente con obligaciones que se desprenden del derecho internacional.

La Suprema Corte compartió la edición de este premio con activistas y organizaciones de Mauritania, Kosovo, Finlandia, Marruecos y Pakistán. No obstante, se trata del primer órgano judicial en recibir este importante galardón. El significado de ello no es menor toda vez que supone reivindicar a los Altos Tribunales en el proceso de consolidación de los regímenes democráticos y de derecho. Y es que el trabajo de la Suprema Corte ha sido verdaderamente encomiable. En primer lugar, sus decisiones han consolidado el principio pro persona en la interpretación judicial. Esto implica que en las decisiones judiciales, debe privilegiarse la norma que mejor proteja a las personas. En segundo lugar, la Corte ha sido un actor fundamental en buscar que se adopte el control de convencionalidad en las decisiones judiciales. Es decir, que los jueces revisen de manera sistemática la congruencia entre las normas nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos. En tercer lugar, la Corte ha promovido, en importantes decisiones recientes, una nueva jerarquía normativa según la cual la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos se encuentran prácticamente en el mismo nivel de obligatoriedad para las autoridades nacionales. Sin duda, se trata de un galardón muy bien merecido.