Argumentos a debate

Los Oficiales de Protección a la Infancia: una respuesta a la crisis de la niñez migrante no acompañada

Hace algunos días el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso de ese país la autorización de una partida presupuestal especial para enfrentar los gastos relacionados con la deportación de niños migrantes no acompañados que llegan a ese país. Como lo han señalado ya algunos legisladores estadounidenses, el Presidente Obama aplica la ley pero es insensible ante el clamor de quienes piensan que los Estados Unidos tienen una obligación mucho mayor para con ellos. Algunos de ellos han señalado, en consonancia con la opinión de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales como la propia oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que Estados Unidos y México debieran evaluar la posibilidad de otorgarles el estatus de refugiados desplazados por conflicto armado. Esto supone, por supuesto, no devolverlos automáticamente a sus países de origen y, en todo caso, atender al interés superior del niño en cada caso. Con estatus de refugiado o sin él, no cabe duda que México como Estados Unidos tienen una obligación de concederles ciertas garantías de protección internacional como se desprende de distintos instrumentos multilaterales. De ahí que resulte cuando menos inadecuada la respuesta que hasta el momento ambos gobiernos han venido dando a esta problemática. Si bien es cierto que el otorgamiento de refugio suscita una serie de problemas relacionados con la razón última del éxodo de estos menores y con consideraciones importantes relativas a su derecho a la reintegración familiar, los gobiernos no pueden permanecer impávidos ante esta oleada de niñas, niños y adolescentes. Tampoco pueden los gobiernos esperar que los niños efectúen solicitudes de refugio que escapan a su comprensión, a los recursos con que cuentan y a la asesoría que no necesariamente reciben sobre sus derechos. En resumidas cuentas, resulta indispensable que el Gobierno Mexicano ofrezca una respuesta integral y revise detenidamente la posibilidad de implementar un programa específico a este respecto.

Para ello cuenta ya con una herramienta que desde el 2007 viene dando resultados: los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIS). Los OPIS están capacitados para identificar a estos niños en su tránsito migratorio, otorgarles atención especial y asistencia hasta entregarlos con sus familias. Todos ellos actúan en función del Interés Superior del Niño y protegen activamente la integridad física, emocional y sicológica de los menores de acuerdo a estándares y prácticas de excelencia reconocidos por su calidad por organismos nacionales e internacionales. Recientemente el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración ha reportado que las acciones de protección permitieron rescatar y atender en lo que va del año a 10 mil 505 menores no acompañados lo cual supone un incremento del 7% con respecto al año pasado. Desde luego las cifras hacen ver que los OPIS resultan insuficientes tanto en número y cobertura como en capacidades institucionales para proteger a la niñez centroamericana que busca atravesar a diario nuestro país.