Argumentos a debate

Límites al fuero militar

El miércoles pasado, ambas Cámaras del Congreso de la Unión clausuraron su periodo ordinario. Lo hicimos, sin embargo, con broche de oro luego de la aprobación de importantes reformas para reforzar la construcción de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos. Una de las más importantes, sin duda, fue la reforma a diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley que establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en lo que hace a limitar el fuero militar. Mediante esta reforma, los civiles no estarán sujetos nunca a la justicia militar, ni siquiera ante la eventualidad de un conflicto bélico, y los miembros de las Fuerzas Armadas serán juzgados por tribunales ordinarios por la comisión de delitos del fuero ordinario y violaciones a derechos humanos de civiles. La reforma precisa que cuando un militar cometa delitos del orden común o federal sobre civiles no serán consideradas faltas a la disciplina militar, sino acciones meritorias de la justicia ordinaria. Esta reforma, busca implementar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs los Estados Unidos Mexicanos según el cual "el fuero militar sólo debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que, por su naturaleza, atenten contra bienes propios del orden militar".

Conviene tener en mente que esta reforma atiende a constantes recomendaciones por parte de organismos públicos de defensa de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, y agencias de las Naciones Unidas como el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La exigencia de implementarla, sin embargo, fue aún mayor a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y el imperativo de armonizar nuestra legislación castrense con lo que disponen distintos instrumentos internacionales a los que México se ha adherido. Más aún, luego de que la Suprema Corte de Justicia adoptara este mismo criterio en julio de 2011 y que en septiembre de 2013 decidiera que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los jueces mexicanos.

En consecuencia, la reforma supone también la incorporación a la jurisdicción militar de un conjunto de garantías del debido proceso, piedra angular de la jurisdicción civil, y una serie de innovaciones para, por ejemplo, contar con una policía ministerial militar que actuará bajo la conducción y el mando del ministerio público civil en la investigación de estos delitos. Estas disposiciones que ya fueron enviadas al Ejecutivo para su promulgación, transforman radicalmente el alcance de la jurisdicción militar en nuestro país, contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas –la Defensa, la Marina y la Fuerza Aérea- por lo cual es importante reconocerles. Son instituciones que sirven a México con un patriotismo y una vocación verdaderamente admirables y, en esta ocasión como en otras, han entendido cabalmente la importancia de promover estos cambios y colaborar para que México remonte ciertos resabios autoritarios de un pasado totalmente superado por las circunstancias actuales.