Argumentos a debate

Iniciativas antiinmigrantes en Texas: la abrogación arbitraria de facultades federales

Esta semana el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó cuatro leyes en materia de seguridad fronteriza y vigilancia migratoria incluida la iniciativa HB11 que autoriza la contratación de 250 nuevos agentes de seguridad para ser desplegados a lo largo de la frontera que el estado mantiene con territorio mexicano. Las nuevas leyes ordenan también el aumento a 50 horas de la jornada laboral semanal de todo el personal del Departamento de Seguridad Pública del estado y contempla nuevos recursos financieros para crear un Centro de Inteligencia Transnacional para coordinar esfuerzos de vigilancia fronteriza en tiempo real y monitorear sus resultados. Estas leyes, acompañadas ya de una partida presupuestal de 800 millones de dólares para equipo y entrenamiento, otorgan a los procuradores de los condados nuevas facultades para combatir delitos relacionados con el tráfico de personas y de drogas al tiempo que crean una nueva Unidad de Prevención del tráfico sexual infantil. Adicionalmente, la ley autoriza a todas las dependencias estatales, incluidas universidades y centros de salud, a utilizar el sistema federal electrónico "E-Verify" a fin de verificar el estatus migratorio de sus empleados. Aunque conviene señalar que antes de esta promulgación, las dependencias estatales habían ya comenzado a utilizar el sistema luego de una orden ejecutiva emitida por el entonces gobernador Rick Perry, lo cierto es que ahora la medida tiene fuerza de ley.

Evidentemente tiene razón la Cancillería Mexicana cuando dice que aún si se reconoce la intención de las autoridades texanas y desde luego su jurisdicción para fortalecer la seguridad pública, la legislación terminará fomentando la división de nuestras sociedades y la implementación de una serie de medidas que se oponen frontalmente a los principios y valores que debieran contextualizar las relaciones bilaterales. Más aún se corre el riesgo de que el historial, nada envidiable, de las autoridades texanas en el respeto a los derechos humanos de los indocumentados mexicanos se empeore. No hay que olvidar que como telón de fondo a estas medidas, estuvo el despliegue, hace precisamente un año, de la Guardia Nacional de Texas para ayudar al DPS a vigilar la frontera en respuesta a la oleada de inmigrantes centroamericanos indocumentados que ingresaron a territorio estadounidense a través de la frontera con México. Una vez más, los consulados mexicanos en Texas deberán mantenerse en alerta máxima ante el riesgo de que se vulneren los derechos y la integridad de nuestros connacionales. Lo que resulta paradójico, en todo caso, es que los estados de la Unión Americana, como el caso de Texas, reaccionen ante la falta de nuevas normas migratorias que se instrumenten en el ámbito federal abrogándose ciertas facultades pero arbitrariamente desvinculándose de otras.

Claramente, ni siquiera con la partida de Rick Perry del gobierno estatal, están dadas las condiciones para un diálogo de respeto y confianza mutua sobre las formas más efectivas, de enfrentar las causas de la migración.