Argumentos a debate

El nuevo Hoy no circula: ¿control ambiental o discriminación?

Los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México anunciaron recientemente el arranque de una nueva etapa del programa Hoy no circula. En lo que presentó como un endurecimiento de ciertas medidas anticontaminantes, el nuevo Hoy no circula se concentraría en limitar severamente el uso de automóviles con una antigüedad superior a 9 años mismos que además de un día entre semana no podrán circular dos sábados al mes. Para los automóviles con entre 9 y 15 años, los superiores a 15 años y los foráneos, sin importar año o modelo, las restricciones originalmente eran más severas. Estos últimos dejarían de circular un día a la semana y todos los sábados. Aunque las autoridades señalaron que en el origen de este planteamiento estaba una preocupación por la salud de los habitantes de la zona metropolitana lo cierto es que, como dice el experto José Luis Lezama, es un ejemplo de la ineficacia y la simulación del tratamiento del problema de la contaminación del aire en el Valle de México. De ahí las masivas manifestaciones que han venido exigiendo su flexibilización o cancelación definitiva.

En primer lugar, el nuevo programa y sus flexibilizaciones actuales – la posibilidad de obtener engomados cero y doble cero para vehículos foráneos y la reducción de los sábados no circulables a 2 para algunos automóviles con antigüedad superior a 15 años- exhiben a una autoridad confusa e incapaz. Es claro que esta política tuvo que haberse diseñado de otra manera y, en todo caso, impedir o restringir la circulación de los vehículos en relación con su emisión contaminante y no con su antigüedad. De ahí que autoridades judiciales comiencen a obsequiar amparos a aquellos usuarios quienes muestran evidencia de mantener sus vehículos con bajos niveles contaminantes de manera independiente a su antigüedad. En segundo lugar, el programa parece un paliativo frente a la ausencia de una transformación estructural de las políticas en esta materia que atienda fundamentalmente dos vertientes: mecanismos más estrictos y blindados contra la corrupción para la verificación de contaminantes y gasolinas por un lado, y diesel y combustibles que efectivamente cumplan con los estándares ambientales internacionales por el otro.

En tercer término, resulta evidente que este programa discrimina a un grupo poblacional importante para quienes el uso de sus vehículos resulta indispensable en el ejercicio de su actividad productiva. Destacan, por ejemplo, los vehículos de carga de pequeños y medianos empresarios, comerciantes y distribuidores, pero también profesionistas, amas de casa, y personas que por la naturaleza de su actividad necesitan hacer desplazamientos por grandes distancias. El problema para muchos de ellos no sería de esta dimensión si el transporte público en el Distrito Federal y la zona metropolitana fuese eficiente, accesible, seguro y confiable. Nada más lejano de la realidad de un transporte público de mala calidad, peligroso, ineficiente, mal estructurado y altamente contaminante. Sin duda, se trata de un programa que se hizo al margen de cualquier sensibilidad en relación con la población de bajos ingresos y al amparo de un análisis poco serio sobre las verdaderas necesidades ambientales, de transporte, vialidad y comunicación de millones de habitantes.