Argumentos a debate

Debido proceso y pena de muerte: el caso Tamayo

Hace 10 años la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano de impartición de justicia de la Organización de las Naciones Unidas, encontró a los Estados Unidos culpable de haber violado los derechos consulares de 51 mexicanos condenados a muerte en ese país. De acuerdo con la Corte la falta de notificación consular, un derecho consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tuvo un efecto devastador sobre las sentencias y sólo mediante un proceso de revisión y reconsideración de las mismas podía hacerse justicia. Algunos de estos casos han sido revisados y la gran mayoría de ellos –nueve hasta el momento- han terminado en una sentencia distinta revirtiendo o conmutando la pena. No obstante, los casos de mexicanos contemplados en el fallo Avena que se encuentran bajo la jurisdicción del estado de Texas no han corrido con la misma suerte. El estado de Texas se ha venido negando a aplicar el fallo Avena y se ha amparado en una decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos según la cual es necesario establecer legislación interna para obligar a los estados de la Unión Americana a implementar la decisión de la Corte de la Haya. Uno de esos casos es precisamente el de Edgar Tamayo, originario del estado de Morelos, quien fue sentenciado a la pena capital hace precisamente veinte años, en enero de 1994. A pesar de los múltiples recursos jurídicos y diplomáticos interpuestos antes las autoridades texanas, estas se han negado a revisar su caso.

Aunque Sandra Babcock, su abogada y una de las más activas defensoras de los derechos consulares en Estados Unidos, advierte que aún hay esperanza para frenar la pena de muerte su destino podría ser idéntico al de José Ernesto Medellín –quien fuera ejecutado en agosto de 2008- y al de Humberto Leal –ejecutado en julio de 2011-. En abierta violación al derecho internacional y a uno de sus principios torales –“un Estado no puede invocar su derecho interno para justificar el cumplimiento de una obligación jurídica internacional”- el estado de Texas se ha convertido en un verdadero paria de los derechos humanos. En la respuesta de la oficina del Gobernador Rick Perry a una misiva enviada por el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se lee “no importante de dónde viene, si usted comete un crimen despreciable en Texas, usted está sujeto a nuestras leyes estatales, incluyendo un juicio justo por un jurado y la pena máxima”.

No se trata, como afirma Lucy Naced, la secretaria de prensa de Perry, de un asunto que guarde relación con la gravedad de los delitos que se le imputan a Tamayo- la muerte a quemarropa del policía Guy Gaddis- sino de observar en un proceso judicial el debido proceso. De acuerdo con Babcock, Tamayo no recibió asistencia jurídica adecuada ni pudo defenderse apropiadamente en el juicio en su contra no sólo por no entender el idioma inglés sino porque, como se comprobaría en 2008, padece una discapacidad mental. Lo que la colaboradora del gobernador olvida en esta argumentación, maniquea y absurda, es el fundamento mismo del debido proceso: igualdad de condiciones entre las partes en conflicto, medios adecuados de defensa y presunción de inocencia. El de Tamayo fue, como otros, un juicio sumario sin las garantías mínimas para impartir justicia. La sola reticencia del poder judicial estatal a revisar el caso es una muestra más de las irregularidades que el mismo presentó. Si Tamayo fuese ejecutado el 22 de enero, la afrenta texana será contra los mexicanos pero sobretodo contra la justicia.