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Reformar ley contra la trata complicará combate al delito

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la primera sentencia en materia de esclavitud, servidumbre, trabajo forzado y trata de personas, a través de la cual aborda el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, ubicada en Pará.

Los hechos se enmarcaron en un contexto en el que decenas de miles de trabajadores eran sometidos anualmente a trabajo esclavo, algunos de los cuales lograron huir y declararon la existencia de amenazas de muerte en caso de abandonar la hacienda, el impedimento de salir libremente, la falta de salario o la existencia de un salario ínfimo, el endeudamiento con el hacendado, la falta de vivienda, alimentación y salud digna (numeral 1).

Respecto de ello la CoIDH resuelve sobre el caso de 85 trabajadores (numeral 206) que se encontraban en situación de esclavitud, en términos estrictos, algunos más de servidumbre por deudas y de sometimiento a trabajos forzosos (numeral 304) y otros lo eran de trata de personas (numeral 305).

La sentencia es relevante en muchos sentidos, pero destaca en las lecciones para revisar las reformas que se proponen a la legislación vigente en materia de trata que actualmente están por adoptarse o desecharse en la Cámara de Diputados y sobre las que en otros espacios se ha señalado una suerte de regresión en aspectos claves.

En principio debe señalarse que la ley vigente sanciona (a través de 26 tipos penales) conductas sobre los que se pronunció la CoIDH, entre ellas, la esclavitud, la servidumbre, y el trabajo forzado; no obstante, desde que se publicó la ley en 2012, encontró un escenario adverso para su efectiva aplicación, incluido el hecho de que las autoridades encargadas de operarla desconocían los términos en los que debían hacerlo, así uno de los aspectos más importantes con los que se topó la ley general fue el constante señalamiento respecto de sus alcances para la sanción.

Algunas voces afirmaban que la ley debía limitarse a sancionar la “trata de personas”, otras argumentaban que no, que la ley hacía posible la sanción por separado de los delitos de explotación (entre estos esclavitud, servidumbre y trabajo forzado).

De hecho, las propuestas que se presentaron para clarificar este aspecto suponían explicitar que la sanción por trata se aplicaría independientemente de las que tuvieran lugar por otros delitos; no obstante, esas ideas no prosperaron y, a la fecha, las reformas propuestas por el Senado no solo no esclarecen el sentido de su interpretación: ¿pueden o no sancionarse los delitos de explotación aunque no exista trata?, sino que apuntan a que ello no sea posible.

Así, si bien podría señalarse que en México los delitos ya están tipificados en la ley general vigente en materia de trata, lo cierto es que prevalece la interpretación de que se configuren solo si hay trata, de modo que de existir una reforma en el sentido que la Corte Interamericana lo mandata tendría que ser para aclarar que habrá sanción independientemente de que exista proceso de comercialización (trata) y sancionar, cuando sea el caso, solo por “trabajo forzado”, “servidumbre”, etcétera, que son conductas en sí mismas coercitivas  y consideradas como violaciones graves a los derechos humanos en el derecho internacional.

Hacerlo así resulta relevante a la luz de lo resuelto por la CoIDH, no solo porque la sentencia es por casos de delitos de explotación en sí mismos: esclavitud, servidumbre y trabajo forzado (y solo algunos de trata), sino porque, como parte de la sentencia, la Corte Interamericana mandata al Estado brasileño a “tipificar penalmente dichas figuras, con sanciones severas” (numeral 319).

La lección de la CoIDH no se queda ahí, ya que si bien destaca que no le corresponde señalar cuántos años de cárcel corresponden a una pena severa, sí resuelve que dichos delitos deben ser imprescriptibles.

Además es explícita al observar que cada caso tiene una gravedad diferente y que su sanción debe ser proporcional a la violación de derechos humanos, pero en sus puntos resolutivos mandata a “adoptar las medidas necesarias para garantizar que la prescripción no sea aplicada al delito de derecho internacional de esclavitud y sus formas análogas —servidumbre, trabajo forzado y trata de personas—” (punto resolutivo número 11).

La sentencia de la CoIDH alerta además sobre la propuesta de reforma que pretende eliminar los seis bienes jurídicos tutelados que actualmente establece la ley general vigente para limitarlos a uno: el “libre desarrollo de la personalidad”, que según algunas voces es el bien jurídico a tutelar de conformidad con el artículo 19 de la Constitución mexicana.

Sin embargo, la CoIDH señala que la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzado y la trata “tienen un carácter pluriofensivo que viola varios derechos individualmente, entre ellos, constató la afectación a la integridad y libertad personales, los tratos indignos y la limitación de la libertad de circulación” (numeral 306 de la sentencia).

De modo que la reforma propuesta por el Senado restringe al máximo la tutela sobre otros posibles derechos violentados, basándose en una limitada interpretación del derecho internacional.

Dicha restricción se extiende al argumento que sostiene la necesidad de reformar al tipo penal de trata regulado en el artículo 10, cuestionable porque se ha convertido en una cortina de humo para justificar la falta de una sanción efectiva de la trata de personas en lugar de crear y fortalecer una política integral que haga efectiva su aplicación.

La CoIDH también nos da una lección al respecto: la tipificación penal de la trata en Brasil estaba limitada a la explotación sexual (no incluía ningún otro fin de explotación), pero contaba con dos tipos penales más, uno que sancionaba la esclavitud y otro la trata como práctica análoga del trabajo forzado.

Los representantes de la víctima presentaron su caso alegando la existencia de esclavitud y pidieron también que se exigiera a Brasil tipificar la trata conforme al Protocolo de Palermo.

El Estado brasileño se defiende, más o menos como se hace acá en México para justificar reformas a la ley general vigente que limitan su responsabilidad en la sanción de explotación, y le dice a la Corte Interamericana que el artículo por esclavitud citado por los representantes de las víctimas era “demasiado amplio, (e incorporaba) figuras no contempladas por el derecho internacional (y que además tenía) una definición mucho más expansiva de estos conceptos sin diferenciarlos adecuadamente” (numeral 228).

No obstante, la CoIDH concluyó: 1) que el tipo penal de esclavitud no podía entenderse como “demasiado amplio”, ya que se inscribía en los considerados por el derecho internacional de los derechos humanos y 2) que si un país adopta normas que sean más protectoras a la persona, como podría entenderse la prohibición de la esclavitud, “el Tribunal no podría restringir su análisis de la situación específica con base en una norma que otorgue menos protección” (numeral 308 al 311).

Asimismo, aclaró a los representantes de las víctimas que la no existencia del tipo penal conforme al Protocolo de Palermo no había limitado a Brasil para sancionar los casos de trata que sometieron a su jurisdicción, dado que contaba con el tipo penal para la sanción de la trata como práctica análoga de trabajo forzado (numeral 458).

Pretender que las reformas a la ley general vigente solo se limiten a la trata en los términos y bajo la interpretación más restrictiva del Protocolo de Palermo no solo va contra lo establecido en el artículo primero constitucional, sino contra el Sistema de Protección de la Persona en el que se inscribe el derecho internacional de los derechos humanos.

Al respecto es preciso destacar una de las lecciones más valiosas de la Corte Interamericana, que además ha sido reiterada para México en diferentes sentencias, entre ellas la de Rosendo Radilla o la de Inés y Valentina, y esto es que los tratados internacionales de derechos humanos “son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” (numeral 245).

En ese sentido, la CoIDH señala: “No solo se toma en cuenta los acuerdos formalmente relacionados, sino también el sistema en el cual se inscriben” (numeral 246).


*Maestra en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
**Doctorante en políticas públicas por el IPN y actualmente litiga la defensa de derechos humanos a bordo de embarcaciones en territorio nacional.