Articulista Invitada

Una ley contra la trata para una verdadera justicia a las víctimas

Por más de cuatro años el Senado ha debatido el tema y se han expuesto los argumentos técnico-jurídicos de por qué esta norma debe cambiar; lo que motivó las reformas fueron los más de 60 errores encontrados en la legislación vigente.

No se puede hablar de proteger a las víctimas, cuando en realidad lo que se hace es vivir a costa de ellas, por parte de quienes han intentado por todos los medios sostener una ley que además de imperfecta y generar impunidad, las perjudica. No obstante que el discurso sea otro.

Por más de cuatro años el Senado ha debatido el tema y se han expuesto ante la opinión pública todos los argumentos técnico-jurídicos de por qué esta ley debe cambiar. Se realizó un trabajo escrupuloso en el cual se consultaron desde instrumentos internacionales hasta especialistas en el tema, como académicos, jueces, magistrados, ministerios públicos, asociaciones civiles, así como muchos otros actores que durante años han estado en esta lucha.

Aunque haya quienes pretendan argumentar otro tipo de intereses para cambiar la ley en la materia, la realidad es que en el Senado lo que motivó las reformas fueron los más de 60 errores encontrados en la legislación vigente, lo que genera una enorme impunidad.

Es muy fácil decir que se busca ser "benevolente con los criminales y se lesiona el derecho de las víctimas" con estos cambios. Lo inusual es que no se den argumentos de ninguna naturaleza para sostener esta acusación por demás grave. También es sospechoso que Rosy Orozco, ante la invitación a debatir sobre el tema en diversos medios de comunicación y en el propio Senado, no asista, toda vez que ella participa activamente en la política; fue diputada federal y propuso la ley vigente; pretendió ser senadora sin conseguirlo en 2012, y sabe lo importante que es el debate público para la confrontación de argumentos que ayuden a los ciudadanos a informarse correctamente sobre el tema.

Si realmente se quiere un debate técnico, quien dice proteger a las víctimas debería conocer y estar de acuerdo con los cambios planteados por las y los senadores que encuentran su sustento en diagnósticos, reportes e informes, así como opiniones solicitadas de organismos internacionales y nacionales y operadores de la ley.

Se ha cuestionado el cambio al artículo 10, que define el delito de trata de personas, por la inclusión de los medios comisivos, generando mentiras sobre lo que son y el impacto de su inclusión.

De acuerdo con los artículos primero y 133 constitucionales, México esta obligado a cumplir, además de lo establecido en nuestra Constitucion, con los tratados internacionales que firma, como el PROTOCOLO DE PALERMO, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Las y los senadores, para impulsar las modificaciones en la materia, además de observar dicho protocolo, analizamos y estudiamos el Manual de Parlamentarios y la Ley Modelo Contra la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc); el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos de 2005, así como la Ley Marco Para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas del Parlamento Latinoamericano, aprobada el pasado 6 de diciembre en el contexto de la 32 Sesión General.

Lo anterior es relevante, porque la trata de personas es un delito global y su combate debe tener esa misma naturaleza, por eso México no puede alejarse de las definiciones establecidas por los instrumentos internacionales que luchan contra la delincuencia organizada transnacional.

Las propuestas que enmiendan los errores de la ley vigente encuentran su sustento en diversos informes, diagnósticos y reportes nacionales e internacionales que revelan su ineficacia, especialmente en el artículo 10, que debería establecer el tipo penal de este delito y que prácticamente lo confunde con la explotación. Tanto la Unodc, la CNDH y el Departamento de Estado de Estados Unidos han señalado:

1. Que la tipificacion del delito es arriesgada y puede traducirse en falta de seguridad y certeza jurídica.

2. Que la ley vigente persigue los delitos en materia de trata de personas, pero NO EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS.

3. Que si bien la aplicación de la misma puede reflejar un aumento en las sentencias, se estarán procesando solo a explotadores, mas NO A TRATANTES.

4. Que eliminar los medios comisivos del tipo penal puede implicar falta de certeza y seguridad jurídica.

5. Que la comprobación de los mismos corresponde a los operadores de la ley y no a las víctimas.

Por ello, tanto los especialistas que participaron en las reformas como las instituciones mencionadas, inclusive la Procuraduría General de la República, han coincidido en la necesidad de armonizar la normativa interna con la legislación internacional, para que el delito de trata de personas incluya los tres elementos esenciales del tipo penal, ACCIONES, MEDIOS Y FINES.

Ante la insistencia del falso argumento de perjuicio a las vícitmas y la excarcelación inmediata de los delicuentes, las y los senadores solicitamos en este periodo de sesiones, por escrito, la opinión de la PGR, de la Unodc y del Departamento de Estado de EU sobre la inclusión de los medios comisivos en el tipo penal.

La respuesta institucional, en los tres casos coincidió con que los medios comisivos son un elemento esencial en la trata de personas, pues a través de ellos se comprueba, entre otras cosas, que la voluntad de las víctimas fue viciada.

Reiteran que los tres elementos deben estar presentes para que exista trata de personas según el derecho internacional.

En conclusión comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero:

1. Consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fin de explotación. Mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el engaño, la seducción, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el ofrecimiento la concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra, o el consentimiento de una persona que ejerza direccción, influencia o autoridad sobre otra.

Quien quiere frenar estos cambios es más que evidente que no tiene argumentos sólidos y algunos de los supuestos expertos que menciona, son farsantes que desconocen el tema y pretenden obtener otros beneficios ante el cabildeo que han realizado en la Cámara de Diputados.

Reitero, detrás de estas descalificaciones a los cambios propuestos por el Senado no hay más que un negocio lucrativo que bajo la apariencia de la bondad pretenden seguir viviendo a costa de las víctimas.

Nuestro llamado respetuoso a la Cámara de Diputados para no repetir historias como la de Casitas del Sur, la Gran Familia, que engañaron a la sociedad haciendo creer que su tarea era la protección a los más vulnerables, cuando en realidad eran quienes cometían los delitos. No más lobos con piel de oveja. Hoy, los que deben perder son los verdaderos tratantes que lamentablemente no están en la cárcel. m

*Senadora del PAN