Shell y Eni, envueltos en caso de corrupción

Las compañías están atrapadas en investigaciones en el país africano por un proyecto que pretendía reactivar la estancada actividad de exploración y producción de crudo.
Los activistas contra la corrupción consideran que la admisión de Shell es una prueba irrefutable.
Los activistas contra la corrupción consideran que la admisión de Shell es una prueba irrefutable. (Especial)

Londres y Lagos

Cuando Royal Dutch Shell se quedó con el control exclusivo de una cotizada licencia nigeriana de exploración de petróleo en alta mar, llamada OPL 245 en 2002, había esperanzas de un nuevo inicio para las compañías internacionales de energía en la nación más rica en petróleo de África.

De acuerdo con una revista de la industria petrolera de ese tiempo, el pacto se diseñó para reactivar la estancada actividad de exploración y producción, y “convencer a los participantes extranjeros de la industria de que el gobierno era un socio confiable”.

Quince años más tarde, la OPL 245 y lo que se estiman son 9 mil millones de barriles de petróleo todavía están sin desarrollar y sería una sorpresa si Shell no estuviera amargamente arrepentida de su participación en un activo que se ha convertido en sinónimo de las prácticas empresariales opacas en Nigeria.

Un lote de correos electrónicos de Shell que incautaron investigadores holandeses y se filtraron la semana pasada a los medios de noticias, entre ellos Financial Times, arrojó una luz poco favorecedora sobre los esfuerzos de la compañía para defenderse de la demanda de un rival sobre la OPL 245.

Los documentos filtrados obligaron al grupo anglo-holandés de energía a admitir que “participaron” con Dan Etete, un político y empresario nigeriano detrás de una compañía llamada Malabu, a la que le otorgaron los derechos para la OPL 245 en 1998, cuando trabajaba como ministro del petróleo.

Un acuerdo de mil 300 millones de dólares en 2011 bajo el cual Shell y Eni, de Italia, recibieron cada uno 50 por ciento de la OPL 245 buscaba terminar con años de disputas durante los cuales los sucesivos gobiernos nigerianos otorgaron licencias de un lado y otro entre Shell y Malabu.

En su lugar, el acuerdo dejó atrapados a Shell y Eni en investigaciones de corrupción en Nigeria, Italia y los Países Bajos, y provocó más dudas que nunca del futuro de uno de los mayores yacimientos de petróleo subdesarrollados de África. Es, como admite una figura de la industria que participa en la disputa, un “lío”.

Shell y Eni negaron haber hecho algo ilegal. El pago de mil 300 millones de dólares de las dos compañías en relación a la OPL 245 se hizo al gobierno de Nigeria, y tanto Shell como Eni dicen que no participaron en lo que ocurrió más tarde con el dinero. Sin embargo, la semana pasada Shell reconoció por primera vez que sabía que se iba a compensar a Malabu por renunciar su reclamación de la OPL 425.

Los activistas contra la corrupción consideran que la admisión de Shell es una prueba irrefutable, y aprovecharon los correos electrónicos filtrados enviados por altos empleados de la compañía entre 2008 y 2010 como evidencia de sobornos. En un correo electrónico se afirmó que Etete podía “oler el dinero” a medida que se acercaba el acuerdo de 2011. Otros memorandos decían que el entonces presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, buscaba recibir una tajada de los ingresos.

En Francia se condenó a Etete por lavado de dinero en un caso separado en 2007, pero no se le pudo contactar para que hiciera comentarios. Jonathan negó cualquier delito.

“Este es uno de los peores escándalos de corrupción que ha visto la industria petrolera”, dice Simon Taylor, de Global Witness, un grupo de campaña.

Shell dijo la semana pasada que si al final la evidencia demuestra que Malabu y otros hicieron pagos indebidos a funcionarios del gobierno por la OPL 245, “la postura de Shell es que ninguno de esos pagos se hicieron con el conocimiento, autorización o a su nombre”.

Algunos analistas dicen que el acuerdo de la OPL 245 que involucra a Shell y Eni simplemente refleja la realidad de hacer negocios en Nigeria, donde la élite gobernante desde hace mucho tiempo monopoliza el botín de los recursos naturales del país.

Selva Ozelli, abogado de impuestos internacionales con sede en EU que se especializa en asuntos de transparencia, dice que la saga de OPL 245 destaca la necesidad para mayores requisitos de apertura en torno a los pagos corporativos a los gobiernos, y la insensatez del voto reciente en el Congreso de EU de revocar esas reglas a petición del presidente Donald Trump.

Shell y Eni dicen que le darían la bienvenida a una mayor transparencia en Nigeria y apoyo al esfuerzo anticorrupción que realiza el presidente actual del país, Muhammadu Buhari. Ese esfuerzo incluye una investigación en la OPL 245.

Mientras tanto, en Italia, Shell y Eni están a la espera de conocer si un juez aceptará la solicitud del fiscal de Milán para que las dos empresas y otras personas —entre ellas Claudio Descalzi, director ejecutivo del grupo italiano de energía— enfrenten un juicio por presunta corrupción.

Una llamada telefónica que intervinieron los investigadores holandeses y que se filtró junto con los correos electrónicos la semana pasada reveló que a Ben van Beurden, director ejecutivo de Shell, le preocupa que el caso también se pueda enfrentar al escrutinio de las autoridades de aplicación de la ley de Estados Unidos.

Eni, que tiene derechos de operación para la OPL 245, dice que quiere seguir adelante con el proyecto, pero los analistas afirman que es poco probable mientras el activo esté en medio de un litigio.

Oluseun Onigbinde, cofundador de BudgIT, un grupo de la sociedad civil, dice que se debe retirar la OPL 245 a Eni y Shell.