Uruguay mantiene el sí a la marihuana

El país sudamericano intenta encontrar el justo medio en imagen y políticas respecto al uso de la marihuana y tabaco
Uruguay fue el primer país en America Latina legalizar la marihuana hace 2 años.
Uruguay fue el primer país en America Latina legalizar la marihuana hace 2 años. (Foto: Shutterstock)

Montevideo

Cuando Uruguay se convirtió en el primer país que legalizó el cannabis hace dos años bajo el liderazgo del excéntrico exguerrillero José “Pepe” Mujica, el mundo volteó a ver a esta pequeña república que alguna vez fue sólo otra provincia de Argentina.

Largamente conocido como la “Suiza de Sudamérica” y como un centro confiable para la banca en el extranjero, la sobria reputación de Uruguay como la democracia más estable en una región que es más conocida por su extravagancia y volatilidad, se sacudió por Mujica, cuyos comentarios no conformistas y estrafalarios frecuentemente llamaron la atención.

El sucesor más moderado del expresidente que utilizaba sandalias, Tabaré Vázquez, de 75 años, un oncólogo de cabello plateado de la misma coalición Frente Amplio, regresó al poder en marzo. Vázquez vuelve a lo básico mientras Uruguay se prepara para el fin del auge en los precios de las materias primas.

“Vázquez va a dirigir un gobierno más ordenado, predecible y cauteloso”, dice Gerardo Caetano, politólogo. Señala que no sólo cae la demanda de las exportaciones de los productos de Uruguay a China, también la economía de sus dos enormes vecinos de los que depende, Brasil y Argentina, que se tambalean al borde de una crisis.

“La gran prueba para el Frente Amplio empieza ahora. Tiene que demostrar que todavía puede tener éxito ya que se terminó la bonanza”, añade Caetano. Lo más difícil para Vázquez es cómo mantener las reformas sociales progresistas que defendió Mujica y, al mismo tiempo, conservar los niveles de inversión extranjera sin precedentes que Uruguay disfrutó en la última década, a pesar de su gobierno de izquierda.

La semana pasada, Vázquez anunció un programa de inversión récord en infraestructura de 12 mil millones de dólares (mdd) en los próximos cinco años para reactivar la economía uruguaya.  Su gobierno también respira nueva vida en las negociaciones que flaqueaban para lograr un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, el bloque comercial sudamericano que también incluye a Brasil y Argentina.

El deseo de Vázquez por pulir las credenciales progresistas del Frente Amplio y su imagen de lo que el economista, Ernesto Talvi, describe como “un presidente de traje y corbata” expone las contradicciones en el corazón de Uruguay. En ocasiones parece ser uno de los países más conservadores de la región, y en otras está a la vanguardia del cambio.

“La sociedad uruguaya siempre ha sido notablemente conservadora”, dice Germán Cardoso, legislador del partido de oposición, el Partido Colorado. Sin embargo, señala que la élite política uruguaya puso al país en la vanguardia desde principios del siglo XX, cuando se convirtió en el primer país de la región que introdujo un estado de bienestar, un sufragio universal y la separación de Iglesia y Estado.

Talvi, quien es director de la Iniciativa Brookings Global- Política Económica y Social de América Latina de CERES, afirma que fundamentalmente, Uruguay sea un país progresista.

“Es un mito que Uruguay es conservador. Es un país sensato, que es sutilmente diferente”, dice Talvi, y señala la vibrante democracia uruguaya, con una oposición fuerte, un poder judicial independiente y la libertad de prensa. “No es fácil implementar el cambio cuando necesitas el consenso, lo que da la falsa impresión de conservadurismo. Es simplemente que tenemos controles y balances que funcionan”.

Entre los ejemplos que más confunden de la actitud de Uruguay es su enfoque aparentemente contrastante hacia el cannabis, el alcohol y el tabaco. Da la impresión de ser liberal al legalizar la marihuana, aunque el gobierno prefiere hablar de su “regulación” con el fin de quitarle el negocio a los narcotraficantes y de esta manera enfrentar al crimen, y al mismo tiempo tiene un enfoque estricto en la salud pública.

Las leyes que limitan la venta y consumo de alcohol y tabaco provocaron protestas, y el gigante tabacalero, Philip Morris, incluso demandó a Uruguay en una corte internacional por violar un tratado bilateral de inversiones al limitar el desarrollo de marca y publicidad en las cajetillas de cigarrillos, lo que se ve como un caso de prueba para la industria del tabaco.

Hasta el momento, al menos, la comunidad empresarial de Uruguay encontró poco de qué quejarse de un gobierno de izquierda que en otros lugares de la región podría haber causado una profunda inquietud.

Oscar Costa, presidente ejecutivo de Union Agriculture Group, describe cómo su compañía creció de tener un puñado de plantaciones de arándanos y poco más de 50 hectáreas hace menos de una década, para convertirse en la empresa privada más grande de Uruguay con más de 180 mil hectáreas.

“Tal vez aquí tenemos un gobierno de izquierda, pero las reglas del juego no cambiaron en lo absoluto para las empresas. Siguieron exactamente igual”, dice.