La pata de palo del Plan Nacional de Seguridad

Tras una serie de manifestaciones multitudinarias, el gobierno federal dio a conocer un plan de seguridad, sin embargo, aunque atractivo, no toma en cuenta necesidades locales y se vuelve centralista.
Es analista independiente de seguridad y ex oficial de inteligencia mexicana.
Es analista independiente de seguridad y ex oficial de inteligencia mexicana. (Cortesía)

Estados Unidos

Durante casi dos décadas, México respondió al crimen y a la violencia con una centralización cada vez mayor. El resultado es un sistema ineficaz e injusto que enfrenta mal las realidades del submundo criminal.

A principios de febrero, una banda de criminales descendió a Cocula, un pequeño pueblo en las montañas de Guerrero, en el suroeste de México, y secuestró a 12 personas. Fue el último de una serie de horribles incidentes que cayeron en esa comunidad rural de 15 mil almas.

En 2013, Cocula tenía una tasa de 83 homicidios por cada 100 mil habitantes, un nivel que recuerda al de Honduras, el país más violento del planeta. En septiembre pasado, el basurero municipal supuestamente fue el escenario de la ejecución y cremación de 43 estudiantes de una normal rural, a los que secuestraron en la vecina ciudad de Iguala.

Así que había mucho que temer por el destino de las doce personas secuestradas el 7 de febrero. Pero en este caso algo era diferente: al menos una de las víctimas trabajaba para Torex Gold, una minera canadiense cerca del pueblo. Y, quién lo iba a decir, hubo una respuesta oficial pronta y vigorosa. No de las autoridades civiles, cabe señalar, sino del ejército. En las primeras 72 horas rescataron a 10 de las 12 personas secuestradas.

Esta historia encapsula los tres principales retos de seguridad de México.

En primer lugar, el comercio de narcóticos ilegales ya no es el motor clave de la delincuencia y la violencia. Presuntamente los criminales de Cocula no pertenecían a un cártel del narcotráfico, sino a una banda local, que surgió por la fragmentación de una organización más grande de contrabando de drogas que obtenía la mayor parte de sus ingresos por medio de actividades violentas. Esta es una de muchas: de acuerdo con un informe de 2013 de la oficina de la Procuraduría General de la República, hay 89 organizaciones criminales reconocibles en el país. Estas bandas transformaron el panorama criminal de México: lo importante ya no es enviar drogas al otro lado de la frontera (aunque todavía sucede), sino extraer rentas de las economías locales.

En segundo lugar, las instituciones civiles no están a la altura del desafío que plantea el nuevo submundo criminal. Con algunas excepciones, las policías locales y estatales están mal pagadas, mal capacitadas y son vulnerables a la corrupción y a la intimidación. Las policías federales son mejores, pero son demasiado pequeñas: la Policía Federal cuenta con apenas 40 mil policías. Eso deja a las fuerzas armadas como la única alternativa en muchas regiones. Pero la participación militar directa en la aplicación de la ley produce diferentes problemas. Lo más significativo, reduce el incentivo para desarrollar las capacidades civiles adecuadas.

En tercer lugar, el acceso a la seguridad y la justicia se distribuye de manera inequitativa. Una empresa extranjera probablemente reciba una respuesta pronta y eficaz cuando la atacan delincuentes. Pero un ciudadano común, sin influencia o acceso a los que toman las decisiones, esto es menos probable.

¿Cómo respondió la administración del presidente Enrique Peña Nieto a estos retos? Durante 2013 y la mayor parte de 2014, ignoró en gran medida los problemas de seguridad, dijeron que mejorar la coordinación entre agencias sería la cura para el crimen y la violencia. Tardíamente, como resultado de las protestas públicas que se dieron después del secuestro masivo de Iguala, el presidente dio a conocer un plan de seguridad de 10 puntos.

El componente clave de la estrategia es la propuesta de fusionar los mil 800 departamentos de policía municipales en 32 cuerpos de policías estatales.

Aunque superficialmente es atractiva, es una mala idea. Las policías estatales demostraron ser muy difíciles de reformar: esa tarea sería aún más difícil si su tamaño aumenta rápidamente.

Todavía más importante, la naturaleza de la amenaza criminal es cada vez más local y requiere de la participación local.

Finalmente, sin algún tipo de control local, el sistema de seguridad sería incluso más parcial en contra de los pobres y de los grupos políticamente débiles.

¿Cuáles son las opciones? En primer lugar, la reforma policial debe centrarse en la calidad de las fuerzas policiales, no en su número. Cada policía debe satisfacer un mínimo de requisitos en términos de reclutamiento, sueldos, estándares profesionales, controles internos y supervisión externa. SI una jurisdicción no puede cumplirlas, entonces la vigilancia la debe asumir otro nivel de gobierno. Pero no antes de permitir una grave puñalada a la reforma.

En segundo lugar, debe haber un esfuerzo concertado para mejorar las capacidades de procesol y de investigación. Cualquiera que sea la calidad de la policía, su poder para desalentar se frustra si no se puede juzgar correctamente a los delincuentes. Para propósitos prácticos, los fiscales estatales son incapaces de construir un caso criminal a menos de que obtengan una confesión que a menudo obtiene la policía mediante la tortura. Cambiar eso debe convertirse en una prioridad nacional.

Finalmente, se debe reformar y activar al gobierno municipal. Eso significa una mayor transparencia y rendición de cuentas, una transformación de las reglas electorales para facilitar candidatos independientes y fuertes medidas anticorrupción.

Durante casi dos décadas, México respondió al crimen y a la violencia con una centralización cada vez mayor. El resultado es un sistema ineficaz e injusto que enfrenta mal las realidades del submundo criminal. Es hora de un enfoque nuevo y que vaya de abajo hacia arriba.

La Ciudad de México no salvará a Cocula de los delincuentes, pero una Cocula reformada podría hacerlo.