A donde quiera que viaje, Christine Lagarde recibe trato de jefe de Estado. Pero esta semana, en París, en la cámara donde sentenciaron a María Antonieta a muerte por guillotina en la Revolución Francesa, la jefa del Fondo Monetario Internacional se enfrentó a jueces nada impresionados y a antiguos colegas inflexibles.
Durante cinco días, en la pequeña sala con paneles de madera, presentó pruebas y escuchó los testimonios condenatorios que señalaban sus supuestas fallas para evitar un pago fraudulento de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie, cuando era ministra de Finanzas de Francia durante el gobierno de Nicolas Sarkozy.
La mayor parte del tiempo se sentó en un sillón de cuero verde y tomaba notas diligentemente. El viernes, Lagarde al fin dejó quebrar su voz. “Estos cinco días de audiencias ponen un punto final a cinco años de calvario, para mi familia, para mi pareja, para mis hijos, para mis hermanos, quienes están aquí, mis amigos, ex miembros del gabinete, y en el mundo y, particularmente, en Washington, para los que siguieron este juicio”, dijo a los jueces con trajes negros, mientras contenía las lágrimas.
El juicio a Lagarde, con acusaciones de negligencia, siempre iba a ser una experiencia humillante. Trató de convencer al tribunal de que no vio venir nada cuando se presentó la opción de llegar a un acuerdo de una disputa de largo tiempo con Tapie. Se presentó como una novata política que confió demasiado en su personal y que no dominaba los códigos de la poderosa administración que estaba a su cargo.
Lagarde admitió que no leyó los memorandos internos contra un arbitraje fuera de la corte, que contradecía la recomendación de su jefe de gabinete. Dijo que no estaba al tanto de una reunión importante en el Elíseo a la que asistieron su jefe de gabinete, Stéphane Richard, y Tapie. Cuando se cuestionó su decisión de no apelar el acuerdo, Lagarde, una ex abogada, dijo que lo hizo después de ponderar con cuidado las posibilidades de éxito de la apelación. “¿Me engañaron?, ¿nos engañaron a muchos de nosotros? Tal vez”. Lagarde preguntó: “¿Fui negligente? No”. Lagarde enfrenta una condena de un año en prisión y una multa de 15 mil euros que puede debilitar su posición al mando del FMI y perjudicar su reputación.
La institución con sede en Washington apoyó a su jefa durante toda la disputa, después de que Lagarde convenció al consejo ejecutivo de que la iban a exonerar. También tuvo el respaldo del presidente François Hollande, quien dio instrucciones al fiscal estatal para que solicitara la desestimación de las acusaciones. Pero la naturaleza peculiar del tribunal y la sensibilidad política del caso hacen que el resultado sea impredecible.
Lagarde, de 60 años, no es la única que queda atrapada en el escándalo. Tapie y Richard se encuentran entre los que están bajo investigación formal en un caso separado. Pero es la única que enfrenta a un tribunal especial dedicado a juzgar a ministros y que se compone en su mayoría con parlamentarios sin formación jurídica. Es el quinto caso de la corte desde su creación en 1993. “Desde un punto de vista jurídico, el caso es débil, pero debes tomar en cuenta el resentimiento de largo tiempo que tiene el poder judicial hacia el poder ejecutivo, y la dinámica política entre los parlamentarios, entre la izquierda y la derecha”, dijo una persona cercana a Lagarde.
Se espera que el consejo del FMI se reúna el lunes, cuando se anuncie el veredicto. La gente cercana a Lagarde dice que el FMI puede reiterar su apoyo incluso si la declaran culpable, todo depende de la condena. La línea de defensa de Lagarde parecía molestar a veces al presidente del tribunal, Martine Ract Madoux, quien señaló no menos de 22 notas del Tesoro que sonaban la alarma y que se le enviaron a ella y los artículos en la prensa que señalaban la naturaleza sospechosa del arbitraje.
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