Mexico necesita otra reestructuración

La nueva ley de reestructuración para las empresas que pudieran declararse en bancarrota presenta limitaciones que podrían llevar a una nueva modificación.
“Es difícil hacer predicciones sólo un año después de que las reformas empezaron a entrar en efecto, pero esperemos que cualquier nueva revisión permita una mayor flexibilidad”
“Es difícil hacer predicciones sólo un año después de que las reformas empezaron a entrar en efecto, pero esperemos que cualquier nueva revisión permita una mayor flexibilidad” (Archivo Milenio )

Nueva York

Hace un año, las reformas de México a la ley de reestructuración para las empresas con dificultades financieras empezaban a tener efecto. La mayoría de los abogados sintieron que los cambios abordan muchas de las fallas del proceso de bancarrota o concurso existente. Un año después, la nueva ley de reestructuración nuevamente está en el candelero, ya que tres de las bancarrotas más grandes que actualmente se encuentran ante los tribunales demuestran ser terribles casos de prueba para revisar la ley y resaltar dónde se necesitan mejoras adicionales.

Estos casos involucran a tres de las constructoras mexicanas de vivienda más grandes. Las circunstancias que las llevaron al proceso de concurso difieren notablemente de otras grandes quiebras anteriores (como Vitro, Comerci o Durango), que dieron forma a las reformas. Ciertos aspectos de estos casos (que incluyen la votación de la deuda, valoración de derivados y la consolidación de los casos relacionados de garantes), aunque importantes, no son centrales para su resultado. Tal vez lo más importante es que los modelos de negocios de las empresas no se asemejan a los modelos de compañía en que se basaron las reformas, lo que subraya ciertas limitaciones a ésta misma. Dos áreas cristalizan estas limitaciones del financiamiento de Deudores en Posesión (DIP) y los límites de tiempo para la reorganización.

Las reformas sostuvieron la gran promesa del financiamiento DIP al mejorar el marco existente para dar un estatus de  “superprioridad” a las instituciones de crédito DIP (similares a los modelos de EU y el Reino Unido) y ofrecer un mayor control al conciliador en una reorganización, que aprueba este financiamiento. Sin embargo, en el caso de las “tres grandes” constructoras de vivienda -Geo, Homex y Urbi- ninguna institución de crédito DIP se acercó a pesar de la gran necesidad de liquidez.

Hay varios obstáculos que enfrentan los posibles prestamistas que explican por qué no se presentan. 

La reforma de préstamos DIP no tuvo eco en los bancos o reformas regulatorias. Por ejemplo, los bancos aun requieren ser responsables de los préstamos DIP como deuda incumplida, la cual requiere de reservas de capital contra el monto del préstamo total, provocando que los préstamos DIP no sean económicamente atractivos para dichos bancos o para otras instituciones de crédito que participan igualmente en transacciones en EU y el Reino Unido. Particularmente los bancos mexicanos con gran exposición a deuda relacionada con la construcción de vivienda no tienen interés en este tipo de financiamiento.

Además, estos deudores no tienen el flujo de efectivo o activos fácilmente convertibles que puedan ser atractivos para los préstamos DIP ya que estos activos se utilizan para garantizar otras deudas. Así que el estado de “superprioridad” DIP no compensa los riesgos que este conlleva.  Finalmente, las instituciones de crédito están renuentes a ser los conejillos de india para el financiamiento DIP mexicano. Pocas instituciones de crédito están dispuestas a invertir dinero nuevo para generar más dinero en circunstancias profundamente inciertas. 

El truco es que antes de que estas empresas salgan del concurso, necesitan asegurar financiamiento DIP para sobrevivir. Dadas estas presiones, en algún momento un financiamiento DIP mexicano ocurriría, la única pregunta es cuándo y cómo. Es improbable que se parezcan al financiamiento de EU o Reino Unido ya que no existe el mercado ni un mecanismo en específico para estas compañías. 

Las limitaciones de tiempo son otro problema importante. Se elogiaron las reformas por eliminar la posibilidad de reestructuraciones largas y agotadoras como el procedimiento de bancarrota de AHMSA (que tiene un tiempo récord de duración de 13 años bajo la ley anterior). Sin embargo, los nuevos límites de tiempo pueden en realidad actuar en contra de los participantes en los casos actuales. En este momento, un deudor debe llegar a un acuerdo total con todos sus acreedores en el plan de reorganización, antes de solicitar el concurso pre-pack y en la práctica, muchos detalles no se establecen en el pre-pack. Si los participantes no pueden calcular esos detalles en un año (un periodo inicial de 185 días más dos extensiones de 90 días), que incluye la obtención de las firmas necesarias y aprobaciones, ya no hay más extensiones y el deudor entra en estado de liquidación. No hay una provisión equivalente al Capítulo 11 de EU de procedimientos de reorganización. Este límite de tiempo pondrá a prueba estos nuevos casos.

Algunos observadores sostienen que los estrechos plazos obligan a las partes a negociar todo por adelantado, así que las peticiones pre-pack no se presentan hasta que esté completo todo el trabajo duro. Sin embargo, si tu empresa es insolvente, las escalas de tiempo para negociar son ajustadas, ya que las instituciones de crédito utilizan todos los medios disponibles para apoderarse de los activos. En algún momento, el tiempo y el dinero se acaba y se deben presentar las formas respectivas para beneficiarse de la suspensión automática que frena a los acreedores a tomar posesión de los activos, exactamente lo que pasó con estos deudores. 

Con los distintos tipo de prestamistas y créditos existentes en el mercado (sin garantía, parcialmente garantizados o con garantía), el plazo de un año no es suficiente.  En efecto, algunos prestamistas no participan hasta el momento en que la lista de acreedores ha sido aprobada por el juez de quiebras respectivo.  Asimismo, el permitir únicamente seis meses antes de la primera extensión parece un plazo particularmente corto.  Aun cuando han existido procedimientos de concursos significativos que han sido resueltos en dicho plazo, no son comunes. 

Aunque las reformas de insolvencia basadas en una ley de 2013 abordaron ciertos inconvenientes bajo el régimen anterior de bancarrota (como las votaciones de créditos inter-compañías en el caso de Vitro o concursos de larga duración como en el caso de AHMSA), es evidente que es necesario trabajar más en dichas reformas. Los casos actuales presentan problemas complejos; de una manera u otra, la próxima ronda de reformas sin duda reflejará las experiencias que surjan de los procedimientos de concurso. Es difícil hacer predicciones sólo un año después de que las reformas entraron en vigor, pero esperemos que cualquier nueva revisión permita una mayor flexibilidad en los límites de tiempo, particularmente para procedimientos más grandes y de gran complejidad, y también aborde las preocupaciones regulatorias potenciales que tienen las instituciones de crédito DIP.