Los riesgos de invertir en América Latina: corrupción y jugadas políticas

 La región se ha vuelto cada vez más atractiva para la inversión extranjera pero hay que ser cautelosos con nuevos retos políticos y regulatorios en varios países.
La violencia persiste en México, Centroamérica y Colombia pero estos países muestran buenos niveles de crecimiento económico
La violencia persiste en México, Centroamérica y Colombia pero estos países muestran buenos niveles de crecimiento económico (Reuters)

Lóndres

El mapa de riesgo de Latinoamérica está cambiando. Es verdad, países como Venezuela, Bolivia y Argentina todavía corren el peligro de una expropiación de activos; la región andina rica en minería tiene su parte de descontento social; y en México, Colombia y gran parte de Centroamérica, la violencia todavía es un problema. Pero las cosas están mejorando con el crecimiento de la clase media latinoamericana, un largo periodo de democratización y los cambios en las condiciones externas.

“La estrategia de mitigación del riesgo para los inversionistas tiene que ser muy diferente de incluso hace cinco años porque las demandas para los que diseñan las leyes están cambiando radicalmente”, dice Christopher Garman, director de mercados emergentes y América Latina de Eurasia Group.

El “taper tantrum” del año pasado, cuando muchas divisas latinoamericanas tuvieron una fuerte devaluación como resultado de de la reducción del ajuste cuantitativo, o impresión de moneda, de la Reserva Federal de EU, es un fuerte recordatorio de que la región todavía es vulnerable a los impactos externos.

La política fiscal intervencionista de Brasil como respuesta a estos problemas ha tenido efectos negativos, ahora el país está  sumido en una recesión técnica. En economías más frágiles como Venezuela y Argentina, el riesgo financiero se ha elevado. Incluso países favorables a la actividad empresarial como México y Chile han implementado medidas impositivas para apuntalar los ingresos del Estado en medio de un menor crecimiento.

No obstante, América Latina es más estable política y económicamente de lo que nunca había sido, con la mayor parte de los gobiernos de la región adhiriéndose fuertemente a las políticas de mercado. Todo esto se confirma con el fuerte crecimiento de la inversión extranjera directa, que el año pasado alcanzó un máximo en Latinoamérica y en el Caribe, con 18 mil 500 millones de dólares (mdd), de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una agencia de las Naciones Unidas.

Alejandro Solórzano, líder regional de multilatinas de Marsh & McLenan, la correduría de seguros global, dice: “Estamos viendo un gran brinco en los flujos de capital hacia Chile, Colombia, Perú, México y Brasil porque los inversionistas favorecen a los países que son más estables, que cuentan con reformas estructurales y democracias sólidas”.

La mitigación de riesgo también está mejorando con nuevos sistemas de mapeo que se apoyan en “grandes datos” para calcular enormes cantidades de información, permitiendo a los inversionistas identificar las zonas de riesgo con mayor exactitud.

Aún así, cuando uno aumenta su presencia en América Latina no necesita hacerlo con tanto riesgo (siempre y cuando lo hagas con cuidado), también hay importantes cambios que requieren de nuevas soluciones para el manejo riesgos.

Cada vez más las regulaciones anticorrupción, políticas antimonopolios y ambientales en América Latina están sometidas a una observación minuciosa.

“Hace una década no le hubieras prestado mucha atención a las normas ambientales y las compañías prácticamente hacían lo que querían”, dice Jaime Trujillo, socio y gerente de la oficina de Bogotá de Baker & McKenzie en Colombia. “Ahora corren un riesgo significativamente mayor de ser sancionados”.

De hecho, tal vez vale la pena decir que Marina Silva, una de las principales contendientes en la carrera presidencial brasileña, es una activista ambientalista educada por caucheros en la selva del Amazonas. En 2011 se emitieron 10 cargos criminales en Brasil en contra de Chevron por un derrame petrolero frente a la costa de Río de Janeiro, uno mucho más pequeño que el del Deepwater Horizon de BP en el Golfo de México, que amenazaba con terminar en condenas de prisión para algunos de sus empleados.

Los cargos criminales fueron retirados en febrero del año pasado, pero dos cargos relacionados con contaminación y por no notificar a las autoridades en tiempo y forma han sido reintegrados en la apelación. Garman dice que la acción del gobierno brasileño fue “sintomática” del cambio de los tiempos. Muchos vieron el incidente como una advertencia para otras compañías que esperan explotar las reservas petroleras en aguas profundas de Brasil.

El tema de la corrupción se ha vuelto más relevante. Este año Brasil introdujo la Ley de Empresas Limpias, que impone multas hasta del 20% del ingreso bruto anual a las compañías que se encuentren culpables de corrupción. Leyes similares anticorrupción se introdujeron en México en 2012 y en Colombia en 2011.

Además, América Latina enfrenta un mayor escrutinio internacional al momento en el que el comercio aumenta. En los últimos años se llevaron una serie de acciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EU en la región. Las empresas extranjeras que operan en Latinoamérica también son susceptibles de enfrentar sanciones bajo el Bribery Act (Ley contra el soborno) del Reino Unido y las medidas anticorrupción de la ley europea.

“Las empresas internacionales deben ser mucho más cuidadosas acerca de con quién hacen negocios”, dice Dwight Dyer, analista en la Ciudad de México de la consultoría Control Risks.

La informalidad en Latinoamérica, en donde muchas compañías son privadas y familiares, es un problema relacionado. De acuerdo con Trujillo, realizar una exhaustiva investigación es una protección prudente antes de elegir socios locales. “Apresurarse en los acuerdos es una receta para el fracaso”, advierte.

Eso mismo es verdad cuando se considera invertir en proyectos totalmente nuevos, particularmente en la industria extractiva. Los sitios de trabajo normalmente son en zonas remotas y los proyectos a menudo dependen de las autoridades y las comunidades locales. De acuerdo con Donnie DiCarlo, jefe de crédito y riesgo político de Marsh, los obstáculos son tan comunes que los bancos a menudo toman en cuenta los retrasos cuando financian los proyectos.

La burocracia local a menudo empantana los proyectos con el papeleo, por ejemplo, hacen que los permisos ambientales sean más difíciles de conseguir. Los conflictos sociales también son complejos.

Mientras las comunidades rurales se vuelven más fuertes políticamente, ya no es suficiente para las empresas extranjeras hacer una inversión única en los proyectos en comunidades locales, dice Garman.

“El sector privado necesita trabajar con el sector público en soluciones sistémicas”.