Combatir la corrupción en México significa reformar el financiamiento de campañas

Publicación invitada: Alejandro Poiré.
Alejandro Poiré Romero
Alejandro Poiré Romero.

Monterrey

Lo que hace única la actual agitación política de México es que ha colocado el problema de corrupción al centro de la agenda social. Las calles, escuelas, hogares, oficinas corporativas, sindicatos y lugares de trabajo se están llenando con una mezcla de rabia y preocupación. Hay un sentimiento subyacente de que es la corrupción la que está en la raíz de nuestra incapacidad para proteger a los inocentes del asesinato y el abuso; que es la corrupción la que podría descarrilar el futuro prometido por las notables reformas de los últimos años.

Como los intelectuales más importantes de México han sostenido, la crisis actual, una crisis de corrupción y estado de derecho, pone en tela de juicio su propia viabilidad como democracia. Sin embargo, las élites políticas parecieran no haber comprendido todavía la profundidad del problema. El estilo de liderazgo del gobierno ha alejado a sus aliados sociales. Los partidos de oposición, sumidos en su propia descomposición, no han servido como un canal para la indignación social, y los jugadores de todos los bandos parecen demasiado ansiosos por dejar atrás sus lamentables desórdenes.

Las explicaciones del problema de la corrupción abundan estos días, y generalmente siguen una narrativa que apela a que tenemos un tipo de cultura "mala" y un conjunto de instituciones "débiles". Estas explicaciones son incorrectas.

La corrupción en México se ha extendido notablemente y con toda probabilidad es más profundo, principalmente por la forma en que se ha construido la transición democrática. El principal culpable de la actual crisis de corrupción es el sistema de financiamiento de campañas de México.

Es un lugar común culpar a las democracias modernas por la distancia cada vez mayor entre los políticos y los ciudadanos, pero la transición democrática de México desde 1997 ha logrado lo inconcebible. Al tiempo que se ha ampliado la apertura, el pluralismo, la transparencia, la libertad de prensa y la participación ciudadana a niveles sin precedentes, su Estado de Derecho se ve más vulnerable que nunca a la plaga de corrupción política. De hecho, el país es testigo de las protestas políticas más vibrantes en décadas, justo después de que el Congreso demostró una sorprendente capacidad para promulgar reformas transformadoras.

La razón de ello es que el sistema de financiamiento de campañas ha generado un crecimiento exponencial, y al parecer incontenible, del clientelismo político basado en el dinero en efectivo, que se encuentra en los orígenes de la actual crisis de legitimidad.

Después de 1994, con el fin de extirpar al PRI del apoyo financiero arbitrario y directo del gobierno, México empezó a diseñar un generoso sistema de financiamiento público para los partidos políticos. Esto se hizo junto con la creación de un organismo electoral fuerte y autónomo encargado de organizar elecciones limpias, así como erogar los fondos partidistas y auditar el gasto y las contribuciones políticas.

Esta autoridad electoral ha sido un enorme éxito institucional en la historia contemporánea de México y ha sido clave para la alternancia política. Con los años, el ahora llamado INE ha sido encargado de cada vez más tareas, que ha desempeñado casi todas de manera brillante, y ha servido como ejemplo internacional. La serie de regulaciones para el financiamiento de campañas que ejerce también se ha sofisticado y ampliado sistemáticamente, en nombre de la igualdad entre los partidos políticos y con el fin de protegerlos de la influencia privada "indebida".

Además de los grandes fondos para las campañas y las burocracias permanentes de los partidos, y con el fin de eliminar la "excesiva" influencia de los medios de comunicación en las elecciones, en 2007-2008, se aprobó una reforma constitucional casi unánime con la que se cancelaba la capacidad de los partidos (y ciudadanos) de comprar cualquier tiempo de exposición en radio y televisión con fines de campaña. Desde 2012, el INE ha organizado la distribución de toneladas de tiempo gratuito en los medios de comunicación entre los partidos políticos, en un impresionante despliegue de capacidad burocrática.

También con el fin de proteger la integridad de la representación pública, se han puesto límites muy pequeños a las contribuciones privadas totales a los partidos políticos, así como en el gasto total de campañas.

La campaña para el diputados en 2012 duró 90 días y cada distrito electoral estuvo compuesto en promedio por 281 mil votantes. Una persona que tuviera la suerte de manejar las finanzas de esa campaña hubiera tenido que hacerlo con aproximadamente 950 dólares al día con el fin de quedar dentro del límite legal del gasto. Si también manejaba la campaña presidencial en el mismo distrito, podría sentirse en entera libertad de agregar hasta otros 950 dólares al día.

Está de más decir que tal vez dicha persona buscaría opciones fuera del marco legal para lograr que su candidato tuviera la oportunidad de ganar. Pero dado que el INE ha ido desarrollando una capacidad cada vez mayor de monitorear todo tipo de gasto formal, esa persona podría quedarse sin opciones y verse tentada a utilizar solamente efectivo en cada transacción que superara el límite legal de campaña.

Y ahí es donde está el corazón del problema de corrupción en México: sus elecciones han quedado totalmente dominadas por un "mercado negro" de apoyo político, precisamente gracias a esta serie absurdas de regulaciones. Si uno tuviera que diseñar desde cero un sistema orientado a aumentar la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse en la política, particularmente a nivel local, se podría afirmar que el modelo mexicano es probablemente el mejor lugar para empezar.

Su énfasis en límites mínimos de gastos de campaña, mínimos medios legítimos para gastar, y límites mínimos para el total de contribuciones privadas, pone a los políticos honestos a merced de los expertos en generación y gasto de efectivo, quienes podrán competir de manera eficaz en el mercado negro del apoyo político.

También hace que sea imposible que los simpatizantes bien intencionados puedan contribuir incluso con pequeñas cantidades para sus candidatos a menos de que estén dispuestos a hacerlo a través de canales informales.

En resumen, el sistema de financiamiento de campañas de México ha creado un enorme mercado negro para el apoyo político que ha sido impulsado por los operadores de efectivo, listos para infiltrar cada campaña política, tanto en el lado de la demanda (partidos y candidatos) como en el lado de la oferta (simpatizantes de los contendientes competitivos).

Esta es la causa estructural de la actual crisis de corrupción y legitimidad en México. No es nuestra disposición ancestral a la corrupción o nuestra incapacidad para construir burocracias competentes. Es que efectivamente hemos creado un enorme mercado negro para el apoyo político del que nadie parece estar inmune.

Esta es la primera tarea por hacer. Las élites políticas de México están atrapadas en una fortaleza originalmente construida para privilegiar la representación; pero esa fortaleza ha servido en su mayoría para proteger a los partidos del público, y obligar a los candidatos a depender de quienes literalmente dedican sus vidas a trabajar bajo las sombras, una dependencia que irónicamente está subsidiada con el dinero de los contribuyentes.

Es momento de que abramos esa fortaleza, y dejemos que los miles de políticos honestos y trabajadores que actualmente están atrapados en ella apelen de manera más directa a las demandas de los ciudadanos como una palanca para una oportunidad de cambio genuina y duradera.

Alejandro Poiré (@AlejandroPoire) es decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha sido profesor visitante en Harvard y Stanford, y en el servicio público trabajó en el INE y ocupó el puesto de Secretario de Gobernación en la administración del ex presidente Felipe Calderón.