La vida de un antimotín tras el 26 de septiembre

La tarea policiaca en Guerrero, de ppor sí mal vista por organizaciones sociales, se complicó aún más después de que los normalistas fueran atacados por a balazos en Iguala el 26 de septiembre.
Antimotines permanecen en la zona
Archivo. (Rogelio Agustín Esteban)

Chipancingo

Presión, encuartelamientos, desalojos, contenciones de manifestaciones en inferioridad numérica y hasta la indefensión en el terreno jurídico, son algunas de las constantes que enfrentan los policías antimotines; algunos de ellos se animan a levantar la voz para decir ya basta, que están hartos de que se les mire siempre como enemigos del pueblo.

José Alberto Valenzo, es un policía estatal sin rango, pero que en los hechos se ha colocado al frente de un grupo de 35 antimotines que sentarán un precedente histórico en Guerrero, pues la noche del 10 de abril se negaron a acatar una orden directa de sus mandos, que iba en el sentido de “partir la madre” a los trabajadores del Poder Judicial que desde hace un mes mantienen un paro laboral.

Si bien la tarea policíaca en Guerrero implica no ser bien visto por los integrantes de las organizaciones sociales que tradicionalmente se movilizan, la tensión para los uniformados se complicó aún más después de los hechos del 26 de septiembre, cuando estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a balazos en la ciudad de Iguala de la Independencia.  

Desde entonces, sostiene que se les envía constantemente para encarar protestas en condiciones de desventaja, lo que ya les ha generado lesiones a varios de ellos.

El jueves 9 de abril, cuando irrumpieron en instalaciones del Poder Judicial en las principales ciudades de la entidad, los que permanecían en Acapulco afianzaron un pacto de lo agresión con los trabajadores, pero se enteraron cabalmente de lo que sucedía en Tixtla e Iguala, en donde sus compañeros fueron expulsados a punta de piedra, palo y patada.

“Es una impotencia saber que a un compañero con el que convives mucho tiempo lo están golpeando, que los manifestantes por su mismo estrés han reaccionado con violencia contra los compañeros”, apunta.

Uno de sus compañeros, moreno, robusto y estatura baja intercede en la charla para asumirse como ejemplo: “Yo tengo cinco hijos, todos son menores de edad; si me lesionan o me suspenden ¿Qué van a comer? Nadie se hará cargo de ellos”.

Tras los hechos de Iguala, sostiene que se incrementó la presión por parte de los mandos y se les somete cada vez más a los encuartelamientos, lo que disminuye la convivencia con familia.

“La verdad es que hay mucho estrés, a muchas movilizaciones nos mandan en inferioridad numérica y por eso nos agreden”.

Lanza varios cuestionamientos que no obtienen respuesta ¿En qué lugar están nuestros derechos? ¿Quién revisa a los estudiantes de Ayotzinapa y los profesores, cuando ellos llevan palos piedras y nosotros solamente tenemos la orden de contenerlos?

Con menos de 30 años a cuestas, pero con la formación de un licenciado en Derecho, el elemento reprocha que siempre que hay una protesta, el policía deba forzosamente ser visto como el malo, “la verdad es que no debe ser así; nosotros hacemos lo más que podemos para respetar sus derechos humanos”.  

Concepción Reyes Flores, es uno de los elementos que la jornada del 24 de febrero recibió algunos proyectiles lanzados por los manifestantes.

“Yo recibí una pedrada en el pie, me dieron tres días de incapacidad y me recuperé, pero hay compañeros a los que golpearon hasta dejarlos privados”, lamentó.

Ambos asumen que en más de una ocasión se les utiliza como carne de cañón al enviarlos a situaciones extremas, en donde generalmente los mandos huyen y los dejan abandonados a su suerte.

De los hechos ocurridos el jueves 9 de abril en Tixtla e Iguala, señalaron que sus compañeros se presentaron al Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) para levantar la denuncia correspondiente, sin embargo ahí les requirieron el oficio que justificara la presencia en ambos lugares.

No pudieron acreditar ningún documento porque la orden para trasladarse fue solo verbal, por esa razón es que al comentar la situación declinaron  la posibilidad de querellarse, pues la denuncia les puede resultar contraproducente.

El caso, de acuerdo a José Alberto Valenzo es solo un ejemplo de los muchos problemas a los que se enfrentan.