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Miércoles , 26.09.2018 / 08:09 Hoy

UANL niega persecución contra padres y alumnos

La Máxima Casa de Estudios señala que si la autoridad judicial dio vista al Ministerio Público Federal fue porque presume que se falseó información.


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La Universidad Autónoma de Nuevo León aclaró que no tiene la competencia ni atribución de encarcelar a alguna madre de familia o estudiante, pero confirmó que la autoridad judicial dio vista al Ministerio Público en el caso de quienes buscaron la protección para evitar el pago de las cuotas escolares por presuntamente violar la Ley de Amparo.

En un escrito enviado por la Dirección de Comunicación Social, que inserta la versión del abogado general de la UANL, se rechaza la versión proporcionada por Héctor González Santos, integrante de la agrupación Educación para Todos NL, quien reveló que la autoridad judicial y la Universidad combaten los amparos contra las cuotas escolares y que incluso buscan encarcelar a quienes los presentaron.

“(…) es evidente que lo que manifiesta Héctor González Santos se aparta de la verdad, confunde a la comunidad universitaria y genera incertidumbre en tiempos en que todos estamos obligados a preservar el avance sustantivo y el posicionamiento exitoso que tiene la UANL, en el ámbito nacional e internacional”, señala.

Los jueces de distrito y magistrados de este Cuarto Circuito Judicial, agrega, en uso de sus facultades, tienen la obligación de salvaguardar el orden público del procedimiento, y cuando lo han considerado fundado y procedente, han dado vista a la institución del Ministerio Público de la Federación por violaciones al artículo 261 de la Ley de Amparo.

“Que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado…

“En esa tesitura, la UANL no tiene competencia ni atribución para solicitar ´se multe y/o encarcele´ a ninguna madre de familia o alumno de la institución, y por el contrario, el espíritu humanista de la misma, le impone preservar la integridad física y moral de la población universitaria e influir en la comunidad en general, para el fomento de los valores morales y la cultura de la legalidad”, señala.

Este lunes, MILENIO Monterrey reveló la denuncia pública que hizo la agrupación por la presunta irregular actuación del Ministerio Público, la UANL, un magistrado y del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa al combatir los amparos que interpusieron alumnos contra las cuotas académicas e incluso una averiguación penal contra uno de los padres de familia.

El comunicado confirma que, efectivamente, la UANL ha sido parte en 25 juicios de amparo, promovidos en contra de la gratuidad de la educación que imparte esta institución.

Señala que inicialmente los jueces de distrito negaron las suspensiones provisionales y definitivas y, posteriormente, adoptaron el criterio de otorgar dicha medida cautelar en todos los juicios de amparo.

“Las diversas autoridades de la Universidad, señaladas como responsables, han comparecido puntualmente en dichos juicios de garantías y términos del artículo 64 de la Ley de Amparo.

“Hemos informado a la autoridad los hechos que nos constan como lo establece el numeral 251 del mismo ordenamiento que nos obliga a su observancia, solicitado el sobreseimiento cuando así lo hemos considerado técnicamente procedente, respetando los acuerdos y resoluciones dictadas por los jueces que han recaído a dichas solicitudes”., establece el comunicado.

La Universidad explica que en el caso específico a que alude la nota de MILENIO, el juez segundo de distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dio vista al Ministerio Público de la Federación, al advertir que el quejoso promovió dos juicios, reclamando el mismo acto, señalando a las mismas autoridades.

“La anterior hipótesis está prevista en la literalidad del ya mencionado artículo 261 de la Ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 Constitucionales (Ley de Amparo)”, finaliza.

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