Hasta 18 años de prisión a quien compre o venda un niño en Oaxaca

El Congreso oaxaqueño propuso una adición al artículo 195 bis con el fin de evitar la explotación y prostitución de los menores. 

Oaxaca

La Cámara de Diputados de Oaxaca propuso una adición del artículo 195 BIS del Código Penal del Estado de Oaxaca para castigar de 10 a 18 años de prisión a quien venda o compre niños con fines de explotación y prostitución.

La propuesta fue presentada ante el pleno legislativo por el legislador Adolfo Toledo quien afirmó que dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto está basada en el informe del Relator Especial sobre venta de niños, explotación infantil y utilización de niños en la pornografía, y que exige ampliar las facultades de los estados para sancionar como delito grave la prostitución infantil.

Dijo que son poco los estados que tienen reforma su ley, por lo que demandó que Oaxaca sea uno de los estados donde se sancione con rigor a los abusadores sexuales de menores.

A través del Foro Oaxaqueño de la Niñez (FONI), la coordinadora nacional de ECPAT, Norma Negrete, sostuvo que un elemento que vulnera a los niños oaxaqueños, es la ausencia en el Código Penal la tipificación como delito grave, que castigue la venta de niños con fines de explotación sexual, lo que deja a ese sector en alto grado de vulnerabilidad.

Al considerarse una problemática nacional, México ocupa el quinto lugar mundial según el Departamento de Estado de Estados Unidos al hablar de trata de personas en 2013, cada año en México 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual, 85 mil son usados en casos de pornografía y en 21 de los 32 estados existe turismo sexual.

Por otro lado, el diagnóstico de Human Trafficking Assesment Tool, evidenció que en México se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas sexual y laboral, documentado que las entidades con mayor riesgo son: Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.

En ese sentido, expuso Toledo Infanzón que “los legisladores debemos ponderar el valor de la cooperación internacional, que es importante y determinante para combatir estas actividades que se realizan a menudo más allá de las fronteras estatales y nacionales”.

Señaló que las campañas de concientización, de información y de educación públicas contribuyen también a proteger a la infancia contra estas graves conculcaciones de sus derechos, con lo que se daría cumplimiento a los compromisos nacionales adquiridos en los tratados internacionales.

Sobre estos, citó específicamente el protocolo facultativo sobre la venta de niños, explotación infantil y la utilización de niños en la pornografía, entró en vigor el 18 de enero de 2001, instrumento que surge como una medida urgente para erradicar un fenómeno social relacionado con la explotación sexual infantil que deja en indefensión a la niñez a nivel mundial.

De lo anterior se establece que alrededor de un millón de menores de edad, en su mayoría niñas, caen todos los años en las redes del multimillonario comercio sexual, víctimas de la degradación y sometidos a un riesgo que amenaza sus vidas.

Esta iniciativa, fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Administración de Justicia, estableciendo que se impondrá la pena de 10 a 18 años de prisión y multa de 800 a mil 660 días de salario mínimo a quien venda o compre niños con fines de explotación y prostitución.