Ciudadanos piden a Gabino Cué castigar a ex funcionarios

El Consejo Ciudadano contra la Corrupción en Oaxaca consideró que Bulmaro Rito Salinas no debe salir bajo fianza.

Oaxaca

El Consejo Ciudadanos contra la Corrupción exigió al gobierno de Oaxaca se castigue de manera ejemplar a Bulmaro Rito Salinas, ex Coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.

Demandó que no se le permita la libertad bajo fianza, luego de cometer un delito de peculado en prejuicio del erario público por 5 millones de pesos.

También exigieron se llame a cuentas al ex gobernador Ulises Ruiz, y su ex secretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habid, quien dispuso del erario estatal a su antojo.

Los presidentes del organismo, Francisco Martínez Sosa y Alejandro Fernández Ojeda, señalaron que aunque el monto del peculado contra Bulmaro Rito es irrisorio en comparación con los recursos que verdaderamente se llevó, y dijo que la sociedad oaxaqueña espera que se aplique una sanción ejemplar.

Los integrantes de Consejo destacaron que también se debe actuar contra el resto de los involucrados en el saqueo del erario  estatal.

Denunciaron al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz de construir un lujoso hospital en el DF, que incluso fue equipado con aparatos modernos que estaban destinados a los hospitales de Oaxaca; mientras que su ex secretario de Finanzas Miguel Ángel Ortega Habib,  manejaba el presupuesto estatal como si fueran recursos personales.

Según el Consejo Ciudadanos Contra la Corrupción,  los implicaron desviaron más de cinco mil millones de pesos, según lo ha dado a conocer la Secretaría de la Contraloría.

Martínez Sosa y Fernández Ojeda demandaron aplicación de la ley y que esta detención no quede en el archivo de las simulaciones y los acuerdos en lo oscurito.

En tanto la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Oaxaca, Perla Woorlichs Fernández, dio a conocer que se han aplicado un total de 4 mil 248 sanciones impuestas a servidores públicos, cantidad que incluye a funcionarios tanto de la anterior como de la presente administración estatal.

Woolrich Fernández explicó que las sanciones corresponden a diversos tipos que van desde la amonestación pública o privada, así como inhabilitaciones para ejercer empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública Estatal o en los municipios; además de sanciones económicas, suspensión y destitución del trabajo que desempeñan.

Enfatizó que estas acciones de combate para la erradicación de conductas indebidas en el ejercicio del servicio público, derivan principalmente de los resultados obtenidos de las auditorías y del acatamiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial por lo que dejó en claro que quienes trabajan en una institución de Gobierno, sin importar su rango o nivel jerárquico, “estamos para servir a las y los oaxaqueños con eficiencia y honestidad, ya que se trata de una obligación legal, ética y de responsabilidad social que llega al nivel de lo moral”, dijo la contralora.

Con respecto  a la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Anual, la Contralora dio a conocer  que se ha detectado 200 irregularidades por parte de los servidores públicos por omisión en el cumplimiento en tiempo y forma de éste mandato jurídico, por lo que ha iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa.