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Domingo , 27.05.2018 / 22:42 Hoy

Recaudan más de 420 mdp al año por multas de tránsito

Durante los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera han sido sancionados más de 5 millones de conductores de la Ciudad de México.

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Víctor Hugo Michel

Los chilangos manejamos mal. Somos bárbaros al volante. Rompemos la ley a diario y a cada hora. Las estadísticas así lo dictan. Más de 5 millones de conductores de la Ciudad de México han recibido una multa por violar el reglamento de tránsito durante los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, la gran mayoría por exceder los límites de velocidad permitidos. Son tantas infracciones que el gobierno capitalino recauda al año más de 420 millones de pesos.

La grúa sigilosa. El policía de tránsito al acecho. La araña inflexible. El radar oculto. La fotografía irrefutable. En los últimos ocho años, las calles de la Ciudad de México se han convertido en escenario de una cada vez más dura aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, con miras a reducir el número de accidentes y ordenar el caótico tránsito capitalino. Es algo que podrán confirmar cientos de miles de automovilistas sancionados: sus hábitos de conducción se han visto sometidos a un inédito escrutinio vial que mezcla tecnologías novedosas, trámites burocráticos y agentes de a pie a la caza de infractores.

Quienes están al volante en la ciudad se encuentran, como nunca antes, bajo la lupa de la policía. Las cifras apuntan a que a) la Secretaría de Seguridad Pública es cada vez más estricta, o b) la mayoría de los conductores de la capital rompemos la ley ya sea conduciendo demasiado rápido o hablando por celular o estacionándonos donde no debemos.

En total, de acuerdo con los datos que arroja una investigación de MILENIO basada en documentos obtenidos vía transparencia, así como estadísticas del Inegi y la SSP-DF, desde 2007 al menos 5 millones 476 mil multas han sido aplicadas en el Distrito Federal. Es un promedio estratosférico que se traduce a 5 mil 143 cada hora. De éstas, 2 millones 230 mil han sido aplicadas a vehículos atrapados a exceso de velocidad por los radares del segundo piso del Periférico, único lugar en el que se encuentran instalados.

Para dimensionar lo que esas cifras significan, vale señalar que en el Distrito Federal hay 4 millones 600 mil vehículos registrados oficialmente. Lo anterior querría decir que más de ciento por ciento de los automotores de la ciudad han sido sancionados en uno u otro momento, aunque no necesariamente es así, ya que hay infractores reincidentes y vehículos de otras entidades.

Por años percibido como un conjunto de buenas intenciones perfectamente soslayable, el peso del reglamento de tránsito por fin ha comenzado a reflejarse. No solo eso: al estar vinculadas las multas a procesos obligatorios como la verificación, las malas costumbres viales ahora valen dinero. Mucho. Nuestras vueltas prohibidas y arrancones ya le generan ganancias millonarias al Gobierno del Distrito Federal.

Un ejercicio estadístico realizado por este diario revela que el viejo Palacio del Ayuntamiento se está embolsando entre 33 y 40 millones de dólares al año solo por concepto de multas de tránsito.

El mal comportamiento vial de los capitalinos —o la propensión de la autoridad a multarlos— produjo el año pasado ingresos fiscales por 428 millones de pesos. Es más dinero que el presupuesto asignado en 2014 por el GDF a instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (315 millones de pesos) o el Tribunal Electoral (185 millones de pesos).

La suma casi triplica el presupuesto asignado al Instituto de Acceso a la Información del DF (119 millones de pesos).

Para el gobierno, la aplicación de mano dura ha resultado un buen negocio: gana más de lo que gasta en operativos de tránsito y, en teoría, contribuye a disminuir los accidentes.

Cifras obtenidas en informes de la Cuenta Pública del DF para el periodo 2010-2013, detallan que la Secretaría de Seguridad local ha asignado mil 300 millones de pesos a sus programas de cultura vial, que incluyen grúas y policías del Grupo Especial de Infracciones. En el mismo periodo, las multas ascendieron a mil 800 millones.

Lo anterior se traduce en una ganancia neta de 500 millones de pesos para el gobierno capitalino. Pero es una lluvia de dinero no del todo transparente: a la par de que se han incrementado los flujos de capital producidos por multas, no se han actualizado sus mecanismos de aprovechamiento.

A diferencia de otros países y ciudades donde se etiqueta el dinero recaudado para programas de seguridad o infraestructura vial —como ocurre en España, Estados Unidos y Gran Bretaña— las sanciones en el Distrito Federal se van a salarios y papelería, asignadas discrecionalmente por la Tesorería.

"Lo que nosotros sabemos es que el dinero de las multas termina siendo utilizado en simple gasto corriente", sostiene el diputado local Édgar Rangel, del PAN, quien el año pasado presentó ante la Asamblea Legislativa un punto de acuerdo para solicitar al GDF transparentar las multas recopiladas por el sistema de grúas. El punto fue rechazado por la mayoría perredista.

SELVA CHILANGA DIGITAL

En el DF el reglamento de tránsito ha sido históricamente un papel ignorado. Hasta no hace demasiado no existía un registro central que obligara a los conductores a pagar sus multas. Se trataba de la ley de la selva: las infracciones estaban condenadas a perderse en la guantera. Podían ser perfectamente ignoradas sin riesgo a sanción alguna.

No fue sino hasta 2007, con el desarrollo de sistemas estadísticos confiables, la distribución de computadoras portátiles a policías de tránsito y la vinculación de las infracciones a la verificación —un proceso que todos los vehículos tienen que cumplir forzosamente—, que se dio la vuelta al tema.

De un año a otro, el monto recaudado por sanciones comenzó a escalar dramáticamente. De 65 millones de pesos en el último año de Andrés Manuel López Obrador se pasó a 700 millones en 2011, la cifra más alta jamás recaudada. En 2012 y 2013 fueron montos que rondaron los 500 millones de pesos. Y la tendencia sigue: solo en el primer trimestre de 2014 ya suman 114 millones de pesos.

La llegada de dispositivos Hand-held ha servido también para generar un banco de datos lo suficientemente nutrido como para estudiar nuestros hábitos como conductores. En 2008, año en el que fueron introducidos por primera vez, se emitieron 15 mil multas con este sistema, que transmite su información vía inalámbrica a un servidor central de la SSP. Para 2013, ya se habían aplicado 767 mil multas digitales, todo un universo de información sobre en qué erramos y con qué frecuencia.

De las estadísticas que se han acumulado en estos años se desprende que, por ejemplo, entre 2009 y 2012, el sistema de grúas registró más de medio millón de multas por estacionarse en doble fila o sobre banquetas y camellones. En 2011, los policías de a pie infraccionaron a 59 mil 926 motociclistas por no utilizar casco. En 2010, 26 mil 725 automovilistas fueron sancionados por pasarse semáforos en rojo.

La información recabada es tan detallada que hasta se puede saber cuántos conductores fueron sancionados en 2013 por llevar luces de neón en sus placas: cinco. O cuántos por llevar celulares, videojuegos o maquillaje en la mano: 5 mil 560. O que hubo una persona infraccionada "por utilizar sistemas antirradares", entre un largo etcétera de faltas.

EL QUIEBRE

¿Qué significa que haya más multas? ¿Una policía más autoritaria, una ciudadanía irresponsable, un poco de ambos?

"El aumento en las multas es un indicador importante de la falta de ciudadanía que tenemos los conductores del Distrito Federal", opinó el doctor Sergio Puente, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México.

Explicó que por años la autoridad no ejerció con legitimidad sus instrumentos coercitivos —las multas se convirtieron en instrumento de extorsión—, lo que derivó en una falta de respeto a los códigos viales por parte de los conductores.

Luego entonces, se tuvo un reglamento no respetado, ignorado, una ley que existía pero no, algo que aparentemente estaría en proceso de revertirse.

Sin embargo, la mano dura del policía de tránsito conlleva también sus riesgos. "Hay que decirlo con cierta prudencia, pero las medidas coercitivas también son una ventana a la corrupción. Es una doble lectura: se imponen porque reflejan corrupción o porque hay una actitud de quiebre, de querer sancionar a la gente porque realmente están infringiendo la ley", advirtió Puente.

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