Acusan a gobierno federal de obstruir libertad de activista

El abogado del activista Juan Carlos Flores Solías, Antonio Lara, aseguró que tanto la PGR como la procuraduría de Puebla hacen mal uso del sistema de justicia para mantener preso a su cliente.
Antonio Lara, abogado del activista.
Antonio Lara, abogado del activista. (Moisés Rafael Durán Frías)

Antonio Lara, abogado que lleva el caso de Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), que se opuso al Proyecto Gasoducto Morelos por lo cual se encuentra preso, acusó a los gobiernos federal y local de obstaculizar la libertad de su representado.

Lara aseguró que los recursos jurídicos presentados hasta el momento para ponerlo en libertad han sido revocados por la Procuraduría de Justicia de Puebla y por la Procuraduría General de la República (PGR) valiéndose de un uso indebido del sistema de justicia.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social, en la colonia Roma, el defensor aseguró que el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Puebla el día 28 de agosto de este año demandó, dadas las condiciones de violación que se lograron acreditar en contra de los acusados, que el juez que dictó el auto de formal prisión contra Flores Solís, concediera un nuevo proceso que pusiera en condición de libertad al activista. Sin embargo, no ha sido así.

“Concretamente manifestábamos el llamado a las distintas instancias del gobierno para que aprovecharan la oportunidad que significaría que un defensor de derechos humanos saliera de prisión haciendo valer lo que en derecho se demostró, sin embargo, la decisión gubernamental desafortunadamente valoró y decidieron obstaculizar la salida de Juan Carlos Flores Solís”, comentó Lara.

El jurista destacó que lo que hizo el gobierno poblano fue presentar un recurso de revisión, que retrasa el amparo concedido, además de un escrito en el que manifestaron su desacuerdo a que se haya concedido tal solicitud, pero que jamás se atrevieron a objetar las pruebas legales que el defensor mostró.

 Agregó que el Ministerio Público de la entidad dijo en cierto momento que tenía en su poder un video en donde aparecía el inculpado en la manifestación por la que se le achacaron los delitos; pero que al solicitar la presentación de tal audiovisual ante un juzgado, simplemente el material nunca apareció, además de que el procurador de justicia de Puebla reconoció que tal video no existe.

 “La Procuraduría de Justicia del estado de Puebla y la Procuraduría General de la República se empeñan en tener presos a ambos defensores con astucias legales en las que nosotros consideramos que el Estado mexicano está haciendo uso indebido del sistema penal y jurídico para criminalizar y mantener en prisión a distintos defensores y defensoras de derechos humanos”, dijo.

Lo que procede ahora es que tres magistrados revisarán los argumentos mostrados por la defensa y avalados por los jueces de distrito, los cuales esperan les favorezca dadas las pruebas presentadas, y así sea en una semana o seis meses, tanto Flores Solís como Enedina Rosas, salgan en libertad.