PRD solicitará protección para sus candidatos en Veracruz

El dirigente estatal, Rogelio Franco precisó que pedirán a la Fiscalía y a la PGR proteger a sus candidatos a diputados federales en distritos como Cosoleacaque, Cosamaloapan, Zongolica y Pánuco.
Carlos Navarrete dijo que “el que quiera ser candidato pues va y recorre a sus electores”.
Carlos Navarrete, dirigente nacional del PRD, propuso un pacto de partidos por seguridad en elecciones. (José Antonio Belmont)

Veracruz

El Partido de la Revolución Democrática en Veracruz solicitará a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República seguridad personal para sus candidatos a diputados federales de distritos considerados de riesgo.

Rogelio Franco Castán, dirigente estatal perredista, informó que entre esos distritos electorales se encuentran Cosoleacaque y Cosamaloapan en la zona sur; Zongolica en el centro del estado, y Pánuco al norte de Veracruz.

Aclaró que no se han registrado amenazas o ataques contra los militantes de su partido, sin embargo, hacen extensiva la petición que se hizo a nivel nacional a la Fiscalía estatal a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras.

"Estamos solicitando vía el partido a nivel nacional protección para los candidatos en Pánuco por la situación que se vive; Cosoleacaque porque ahí opera una banda de delincuencia electoral organizada; Cosamaloapan y Zongolica", detalló.

Por otro lado, Franco Castán afirmó que el presidente del Consejo local del Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de Nóvel Vázquez Garduza, vocal secretario y la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Xóchitl Márquez Martínez, por su probable responsabilidad en delitos electorales que buscan favorecer al Partido Revolucionario Institucional.

Presuntamente estos vocales del INE manipularon las asignaciones de los funcionarios de casilla y deliberadamente los cambiaron para colocar a miembros del sindicato petrolero que simpatizan con el PRI, por lo que incurren en un delito tipificado dentro del artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos electorales.

Dicho artículo establece que se impondrán de cincuenta a 200 días de multa y prisión de dos a seis años al funcionario que realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas.

Los vocales han sido concentrados en las oficinas del Consejo Local, en el área de archivos en Xalapa.