Liberan a 20 policías retenidos en Oaxaca

El fiscal general Joaquín Carrillo intervino para que 13 agentes estales, seis federales y un mando judicial fueran ante el MP para deslindar responsabilidades tras ser acusados de extorsión.
El fiscal general de Oaxaca, Joaquín Carrillo, medió para lograr la liberación de 20 policías retenidos, acusados de extorsión.
El fiscal general de Oaxaca, Joaquín Carrillo, medió para lograr la liberación de 20 policías retenidos, acusados de extorsión. (Óscar Rodríguez)

Oaxaca

El fiscal general de Oaxaca, Joaquín Carrillo, medió para lograr la liberación de 13 elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), seis elementos de la Policía Federal y el subprocurador de Justicia de la zona mixteca, que fueron retenidos desde hace 3 días en la comunidad indígena de Santa María Yucunicoco, acusados de extorsionar a los habitantes, y a los pagadores del programa "Prospera".

Los implicados fueron liberados para ser remitidos ante un agente del Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades y sancionar las quejas en su contra.

El fiscal general escuchó el planteamiento de los representantes de Yucunicoco y enseguida las partes acordaron acciones de prevención y capacitación contra el delito para los Municipios Mixtecos.

"La incidencia delictiva afecta en toda la entidad y en esta región se requiere reforzar acciones contra la inseguridad", dijo Carrillo y explicó que la institución acordó con los convocantes, el posterior regreso de personal capacitado en materia de seguridad y justicia para hacer juntos un frente común contra el delito.

Dijo que se investigará lo necesario para deslindar responsabilidades en el hecho que originó la retención de los uniformados, pero ante la comisión presente aseguró que sus elementos investigadores no pasaban casualmente por el lugar, sino que cumplían con su deber al realizar en la zona recorridos de seguridad y vigilancia en busca de vehículos con reporte de robo, cuando fueron retenidos.

Pese a ello fueron acusados por las autoridades del lugar de ser los responsables de robos carreteros y de las extorsiones que han sufrido los pobladores de la zona y los pagadores del programa "Prospera".

Aseguró que la Fiscalía se debe al cumplimiento de lo que establece la ley y tiene por tanto el deber y obligación de garantizar que su personal se conduzca con apego a derecho, sin violentar las garantías constitucionales de nadie, pero garantizando a la vez los derechos de sus elementos, quienes en este caso actuaban respecto a funciones específicas contra el robo de vehículos.