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Lunes , 18.06.2018 / 10:48 Hoy

Piden sanciones penales para Uber y mototaxis

Transportistas enviaron peticiones al Congreso para que se reforme el Código Penal y se tipifique como delito prestar servicios de transporte público sin permiso o concesión del gobierno del estado.


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Sonia Serrano Íñiguez

Organismos y sindicatos relacionados con el transporte público presentaron al Congreso del Estado peticiones para que se reforme el Código Penal y se tipifique como delito el servicio que prestan los taxis ejecutivos y de Uber, así como los mototaxis.

Se trata de cinco diferentes escritos de organizaciones afiliadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en los que piden “se elabore y se presente una iniciativa de ley, que tipifique y sancione como delito el prestar el servicio de transporte público sin la concesión o permiso expedido por el gobierno del estado, en relación a los términos establecidos por la Ley de Movilidad y Transporte”.

Incluso, en el texto que envía el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Auto-Transporte “Gonzalo Navarro Báez”, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), pide que se establezca una sanción similar a la que prevé el Código Penal del estado de Puebla, donde se señala que se sancionará con pena de tres meses a tres años de prisión y multa de 500 días de salario mínimo, a quien preste el servicio de transporte público sin los permisos del gobierno de esa entidad.

Uno de los textos más extensos es el que firman el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en la entidad, Antonio Álvarez Esparza, y Humberto Gómez Sansán, secretario de la sección se sitios de ese sindicato, en la que aseguran que Uber es un “perverso negocio”, pues quita a los trabajadores 20 por ciento de sus ingresos, dinero que sale del país a la sede de esa empresa, en San Francisco, California.

Afirman que Uber trabaja bajo la figura del “monopolio”, la cual está prohibida por la legislación de nuestro país.

Por ello, piden que al igual que ya lo hicieron los gobiernos de Puebla, Guerrero, Veracruz y el Estado de México, se establezca una sanción penal. Esto, agregan, para frenar “la aparición de diversas formas de transporte de personas (pirata) en autos y motocicletas”, que han afectado hasta en 80 por ciento los ingresos de los taxistas.

Por su parte, el escrito de la Comisión de Transporte Multimodal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), dice que el transporte “pirata” a dañado la economía de unas 25 mil familias.

El sitio Minerva, también afiliado a la CTM, recuerda que ya algunos transportistas han tomado acciones contra los conductores de estos “taxis piratas, para defender su fuente de empleo y patrimonio”, porque se trata de una “competencia desleal”.

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