Se manifiestan ex appistas en Palacio de Gobierno de Oaxaca y lo cierran

El ex activista Miguel Cruz dijo que faltan 15 familias de recibir el pago de indemnización, pues los recursos que otorgó el gobierno estatal fueron insuficientes.

Oaxaca

En Oaxaca surgió otros grupos de ex activistas de la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se manifestaron cerrando las puertas del Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador Gabino Cué, para exigir el pago de indemnizaciones.

Los inconformes liderados por el ex appista Miguel Cruz ,-quien fue señalado en un inicio de participar en el asesinato del camarógrafo norteamericano Rolad Brad Will, y fue liberado por falta de pruebas-, aseguró que de las indemnizaciones otorgadas por el gobierno de Oaxaca fueron insuficientes, porque faltaron 15 de familias, que piden ayudas económicas, porque después de que fueron sujetos a procesos penales indebidos, no han logrado recobrar ni su trabajo, ni su vida.

Los integrantes de la también Comisión Representativa de Sobrevivientes y Expresos Políticos de Oaxaca por la Defensa de los Derechos Humanos (SEPODDH) protestaron en la puerta del Palacio de Gobierno, para exigir una audiencia con el gobernador Gabino Cué y así solicitarle una mesa de trabajo formal con el Comité Interinstitucional de Atención a Víctimas del Gobierno del estado, para acceder y recibir información necesaria para el ejercicio de sus derechos como víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

En tanto Isaac Torres Carmona, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limedh), le exigió al gobernador les permita a los ex activistas de la APPO participar en el seguimiento de la política pública de prevención, protección y reparación de los daños sufridos en términos que dispone la propia ley.

Aseguró que aunque muchos de los afectados ya fueron indemnizados económicamente por el gobierno actual, no descartó que nuevamente pudieran solicitar una reparación monetaria hacia las víctimas, apoyados en la Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas del Estado de Oaxaca.

"Esta ley es importante, y tendría que ser tomada en cuenta por el poder ejecutivo y judicial, por eso solicitamos construir una agenda más amplia para las víctimas", afirmó.

"Estamos manteniendo la exigencia de resultados sobre los avances de las investigaciones porque aún no tienen resultados para determinar la responsabilidad penal de las autoridades involucradas en la violación a los derechos humanos cometidos en el 2006, por eso queremos que nos atiendan, porque no hay avances sustanciales en las investigaciones y el gobierno estatal tiene que fincar responsabilidades", puntualizó.