Familiares de desaparecido reclaman falta de prestaciones

Mateo Torres, ex coordinador de la Policía Preventiva de Chilpancingo, desapareció desde hace seis años, pero su esposa e hijos no han recibido ningún pago por pensión o prestaciones.

Chilpancingo

A seis años de su desaparición, el gobierno estatal no ha pagado una sola prestación a la familia del ex coordinador de la Policía Preventiva de Chilpancingo, Mateo Torres Rodríguez.

Pedro Torres Castañeda, hijo del jefe policíaco desaparecido, lamentó que el Senado de la República, así como el Congreso de Guerrero hayan declarado al 26 de septiembre como Día del desaparecido, pero que no se considere en la ley la obligatoriedad de las instituciones para cubrir las prestaciones laborales a las familias de las víctimas.

Torres Castañeda, recordó que hace seis años con cuatro meses su padre fue desaparecido, luego de presentarse a cobrar su pensión en las instalaciones de la 35 Zona Militar, lugar en el que su escolta lo vio entrar, pero de la que ya nunca salió.

Explicó que el próximo 7 de octubre, el comandante Mateo Torres Aguirre estaría cumpliendo 62 años, al momento de la desaparición contaba con 19 años de servicio dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y estaba comisionado a la Policía Preventiva de Chilpancingo.

“Esta es la hora y la fecha en que no se ha pagado ni un solo centavo en el caso de mi padre”.

Por la información que ha logrado recabar en los últimos años, dijo que tiene información respecto a la desaparición de por lo menos 20 personas desaparecidos.

Algunos no han denunciado la desaparición de su familiar por temor, los que sí han recurrido a la autoridad, prefieren manejarse en un perfil bajo, para no perjudicar sus seres queridos.

Explicó que cuando se registra una desaparición, el Código Civil establece que se debe promover una ausencia, la cual se declara oficialmente hasta después de dos años en que se deja de tener contacto con la víctima.

La declaratoria de ausencia abre la puerta para que se emita la presunción de muerte, en el caso del ex jefe de la policía ya se tiene la presunción, pero hasta el momento se niega el pago a la familia.

“Nos dicen que no se puede pagar porque no se cumplen con los requisitos, nosotros nos preguntamos a qué requisitos se refieren; porque hemos cumplido con todo”.

El 14 de mayo, tras una reunión con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Campa  Cifrián mandó un oficio al Gobierno de Guerrero para que se explicara porque no se pagan los derechos a la familia del comandante Mateo.

“Lo que me dicen es que no tienen dinero, que el estado está en quiebra. Entonces nos queda claro que los trabajadores estamos en el desamparo porque el gobierno no tiene dinero para pagar las prestaciones de ley”.

Solicitó un espacio a la presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Flor Añorve Ocampo para plantearle una propuesta que contribuya a la cobertura de los huecos que dejan en el desamparo a las familias de los desaparecidos.

Recordó que pese a la existencia de un decreto, hasta el momento no existe una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, como ya sucede a nivel federal.

Aunque Pedro Torres Castañeda y sus hermanos es un trabajador, al igual que sus hermanos que tiene la posibilidad para garantizar su sustento y el de su familia, quien dependía directamente del ingreso del comandante Torres Aguirre era la esposa de este y su madre.

Ellas están en el desamparo, apoyadas en los mínimo por los hijos del oficial, pero sin el recurso de las prestaciones generadas por el trabajo del jefe de la Policía Municipal.

“A mi madre y abuela, las personas que dependían directamente de mi padre no les han pagado el seguro de vida, la pensión que se genera y los salarios retenidos durante seis años”.

El oficial fue desaparecido la jornada del 6 de junio de 2009, en diciembre del mismo año la SSP le levantó un acta de abandono de empleo, pese a que la familia denunció la desaparición de inmediato.

Tras la promoción del recurso legal, el Consejo de Honor y Justicia de la SSP falló a favor del comandante Mateo y le reconoció el derecho al pago de sus prestaciones, pero la postura en el gobierno estatal no varió, la respuesta siempre fue en el sentido.

“El abandono de empleo se inicia contra las personas que no justifican su ausencia, aquí la situación está más que justificada; una vez que resolvieron a favor nos dijeron una vez más que no pagarían los salarios retenidos porque mi padre no estuvo en funciones, aunque se les ha dicho que fue por causa de una desaparición forzada”.