Censuran padres que gobierno intente cerrar el caso Iguala

Felipe de la Cruz dijo que los padres de los estudiantes seguirán con la lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que las autoridades demuestren de manera científica dónde están los normalistas.

Ciudad de México

El vocero de los padres de los normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que los familiares y organizaciones repudian la forma en la que el procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, pretende cerrar de “manera descarada” lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

En conferencia de prensa, para dar respuesta a la información que dio la PGR, Felipe de la Cruz, dijo que los familiares se dan cuenta que las “prisas políticas de este gobierno no les importa el daño causado a los padres de familia”. Además de que se están violentando el acuerdo que signó el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, cuando se comprometieron a informar primero a los padres de familia de las investigaciones realizadas.

“No vamos a permitir que cierren las investigaciones (…) repudiamos, rechazamos el hecho de que hoy el procurador quiera cerrar el caso de esta manera de que los normalistas fueron muertos y calcinados en el basurero de Cocula”, afirmó el vocero de los padres de los normalistas.

De la Cruz manifestó que los padres de los estudiantes seguirán con la lucha “hasta las últimas consecuencias, hasta que las autoridades nos demuestren de manera científica dónde están los normalistas. “No vamos a descansar. Seguiremos firmes en la lucha hasta que nos los entreguen”.

No le podemos creer a un criminal: padres

Vidulfo Rosales, vocero de los normalistas, aseguró que los familiares de los 42 desaparecidos no pueden creer en las declaraciones de tres delincuentes ya que las confesiones se obtuvieron bajo coacción.

“Para nosotros las declaraciones de los detenidos y de las personas con ese grado delincuencial no puede tener toda la veracidad de términos probatorios, tendrían mayor fuerza con testigos independientes, pero no de los inculpados. Hay evidencia de que las declaraciones se obtuvieron bajo coacción por eso no pueden ser concluyentes”, dijo el vocero.

Rosales aseguró que el caso de la desaparición de los normalistas no pude cerrarse debido a que faltan por investigar dos líneas: una que involucra a los militares y otra que involucra al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, además de que no hay evidencia científica que compruebe que los estudiantes fueron asesinados.

“Hay dos líneas pendientes de corroborarse y una es la que tiene que ver con el Ejército y con Ángel Aguirre Rivero. Existe la declaración del policía Salvador Bravo Bárcenas de que en el 2013  se le dijo al Ejército que los policías estaban operando con Guerreros Unidos y que no evitó que actuaran, que por el contrario apoyó a los policías y seguiremos exigiendo una investigación contra Aguirre”, dijo en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh.

Adelantó que el próximo 2 y 3 de febrero  presentarán una denuncia contra el gobierno ante el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, porque señaló que el caso de los normalistas comienza a enfilarse hacia la impunidad.

Detalló que aún falta por esclarecerse el asesinato de Julio César Mondragón, investigación que podría dar las pautas para esclarecer la información.

“La muerte de Julio César Mondragón no ha merecido la más mínima investigación; en qué lugar; en qué momento;  por qué razones”.

Esta tarde el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, fueron "privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Ésta, es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales".

El funcionario y el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, dieron a conocer fragmentos de la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", jefe de sicarios de la organización Guerreros Unidos y quien fue detenido el 15 de enero.

Según la confesión de "El Cepillo", es responsable de la muerte e incineración de los estudiantes.

Los funcionarios de la PGR mostraron fotografías, videos de sobrevuelos y animaciones para detallar, primero, que por la "distancia entre el basurero y Cocula no hay ni una sola casa en los alrededores", por lo que es imposible que alguien se haya percatado del incendio.

Las razones por las que el caso no puede cerrarse

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa afirman que el expediente sobre la desaparición de sus hijos no puede cerrarse y enumeraron 10 razones para ello.

1. No hay certeza científica de que los normalistas hayan sido asesinados en Cocula; los peritajes existentes no contaron con la presencia de expertos independientes.

2. La declaración de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo no es suficiente para cerrar el caso, puesto que él mismo reconoce no haber presenciado todos los hechos.

3. La investicación no puede depender de las declaraciones de los detenidos, sus palabras no pueden ser tomadas por verídicas; además hay evidencia de que las declaraciones fueron obtenidas bajo coacción. 

4. En el caso no se hace mención de la muerte de Julio César Mondragón, muerto en el ataque contras los normalistas el 26 de septiembre en Iguala.

5. Faltan detenciones clave, como la de Felipe Flores, Francisco Salgado Valladares, Gildardo López Astudillo, El Gil, Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, y de al menos 11 personas más.

6. No se ha abierto ni un solo juicio por desaparición forzada.

7. Hay una inconsistencia en el expediente, pues coexisten dos versiones de los hechos que no han sido confrontadas.

8. No hay certeza legal de la muertes, solo hay una identificación ósea de uno de los 43 normalistas.

9. El Ejército no ha sido investigado, pese a que se sabe que tenía conocimiento de que el grupo Guerreros Unidos tenía injerencia en la policía municipal.

10. No se han deslindado por completo las responsabilidades, faltan por investigar el ex goberndor Ángel Aguirre, el ex procurador del estado, Iñaki Balnco y varios alcaldes.