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Viernes , 19.10.2018 / 19:26 Hoy

ONGs reportan más de 500 desplazados en 3 comunidades de Chilapa

La pugna entre grupos los Rojos y los Ardillo provocaron que estas familias de tres pueblos dejaran sus lugares de origen sin ningún tipo de seguridad.


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Organismos independientes de derechos humanos reportaron que hay más de 530 familias desplazadas de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla y Plan de Lima, comunidades pertenecientes a Chilapa de Álvarez, a consecuencia de la pugna que sostienen grupos del crimen organizado.

José Raymundo Díaz Taboada, integrante de la Red Todos los Derechos para Todos (TDT), formó parte de una misión de observación que se desarrolló en parte de la zona rural de Chilapa, en donde se constató que el problema del desplazamiento forzado es real, a consecuencia de la confrontación que existe entre los Rojos y Ardillos desde hace ya varios años.

En el tema del desplazamiento forzado, dijo que una cosa es lo que parece, otra lo que se sabe y una muy clara lo que se puede comprobar con datos duros.

En la misión de observación, dijo que los integrantes de la Red TDT estuvieron en las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla y Plan de Lima, ellas se confirmó que son comunidades casi desiertas, ya que son muy pocas las familias que han regresado a tratar de retomar su ritmo normal de vida.

Refirió que a partir de la información aportada por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, se confirmó que al menos 530 familias se desplazaron sin ningún tipo de seguridad, ya que sus derechos elementales se vieron vulnerados, ante la falta de autoridades del sector público que los protegieran de los grupos de delincuentes que rondan por sus pueblos.

Manuel Olivares Hernández sostuvo que las familias desplazadas de esos tres pueblos no han sido apoyados con víveres, programas que les permitan acceder a fuentes de empleo, a la salud y la educación, en el caso de los niños.

Explicó que efectivamente, algunos retornaron de manera individual, poco a poco, sin ningún plan de atención del gobierno estatal para mantenerlos a salvo.

Las condiciones en que volvieron algunos desplazados son de suma vulnerabilidad, porque no tienen garantías para realizar las actividades que les permiten subsistir, ya sea como comerciantes, artesanos o campesinos.

Si algunas de las víctimas del desplazamiento forzado regresan a sus pueblos, no es porque sus problemas de amenazas se hayan atendido, en realidad obedece a que no recibieron ningún tipo de apoyo institucional para sobrevivir fuera de su lugar de origen, por eso es que tomaron el riesgo de ser atacados y regresan a sus pueblos.

Lo que hacen las autoridades, de acuerdo con los integrantes del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), es negar de manera sistemática el problema, lo que incrementa la situación de temor en que viven cientos de familias.

Sandra Alarcón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), dijo que hasta el momento ninguno de los candidatos que participan en la presente contienda electoral se ha pronunciado en torno a dicho problema, razón por la que dedujo que durante la contienda electoral el tema será ignorado, lo que de ninguna manera implica que se resuelva.

MMR

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