Crece número de activistas oaxaqueños en exilio político

En los últimos 10 años al menos unos 30 activistas sociales lograron asilo político en países sudamericanos y europeos, solicitados por temor a sufrir detenciones arbitrarias.

Oaxaca

En Oaxaca creció el número de activistas sociales ligados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la desaparecida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que buscaron el exilio político, tras denunciar ser víctimas de hostigamiento policiaco por sus vínculos con grupos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En los últimos 10 años al menos unos 30 activistas sociales lograron asilo político en países sudamericanos y europeos, solicitados por temor a sufrir detenciones arbitrarias.

El último caso es el del profesor de la sección 22 de la CNTE Gustavo Adolfo López Ortega, dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), quien solicitó asilo político junto con sus familiares en países como Grecia, Cuba, Venezuela, Francia y España luego de ser hostigado judicialmente por la Policía Federal debido a sus presuntos vínculos con la guerrilla.

La indagatoria se basa en un presunto informe elaborado por el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN) dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), que vincula las actividades del docente con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

López Ortega temió un atentado o alguna detención extrajudicial por dichos informes infundados.

El diputado Jesús López Rodríguez presentó ante el pleno del Congreso Local un punto de acuerdo para exigir a la federación que se deje de hostigar e intimidar a dirigentes y activistas sociales, haciendo uso de los órganos de inteligencia como el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal.

Afirmó que no se puede seguir persiguiendo de manera dolosa y sin fundamento a diferentes actores sociales y políticos por sus ideales, máxime sin son opositores al régimen en el poder.

Advirtió que se violentan los tratados y acuerdos internacionales al criminalizar la lucha social, evidenciando al gobierno federal en funciones como autoritario y retrogrado.

Afirmó que en los últimos 3 años en Oaxaca, tres alcaldes opositores al PRI, fueron víctimas de atentados, entre ellos el alcalde de San Andrés Cabecera Nueva, Everardo Hugo Hernández Guzmán.

También se ha atentado contra 8 regidores y 17 activistas sociales, entre ambientalistas y defensores de derechos humanos.

Sin dejar de mencionar que hay 21 desapariciones forzadas de activistas sociales documentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).