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Seis meses de conflicto en proyecto del planta de cianuro Chremours

El Frente de Pueblos Unidos realizará sesión pública para consultar la defensa y señalan que el gobierno está más preocupado por los informes de resultados.
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El vocero y representante legal del 'Frente de Pueblos Unidos por la Defensa de la Vida y el Territorio', Rafael Palacios Cordero, reprochó la falta de voluntad del gobierno de Durango para entablar el diálogo que permitan obtener un consenso y determinar la viabilidad o no de seguir con la construcción de la Planta de Cianuro Chemours.

La Sala Regional de un Tribunal Federal Administrativo determinó revisar los permisos que se concedieron a la obra.

Señaló que la omisión del gobierno al no concretar las mesas de diálogo fue derivado de la prioridad que dieron para preparar sus informes, que al deseo real de buscar una solución al conflicto que cumple seis meses desde que se tuvo se enfrentaron manifestantes y policías.

“Ahora estamos haciendo un anuncio importante, el próximo sábado 8 a un costado de la Plaza de Armas en el Paseo Independencia tendremos una Asamblea Informativa con los pobladores de las comunidades y gente que está de apoyo de Gómez Palacio, de Lerdo, de Torreón o San Pedro e incluso de otros municipios de la región de Los Llanos para fijar ahí una posición respecto al estatus legal que tiene actualmente”, dijo.


En esta ocasión se darán a conocer casos concretos en donde históricamente se han registrado omisiones graves contra pobladores y trabajadores de empresas como Dupont y Austin Bacis, donde ha habido muertos y no se ha hecho nada para resarcir el daño a sus familias, bajo la omisión de las autoridades. 

Advirtió que el posicionamiento del Frente es mantener la oposición a la realización del proyecto de construir una planta de cianuro de sodio, ya que lo único que les interesa es hacer negocio y no velar por el cuidado ambiental y salud de la gente de poblados aledaños.

Reiteró que no están cerrados al diálogo pero demandó mayor compromiso de las instituciones estatales, para aclarar dudas, inquietudes y demandas sociales, para lo que es necesario la presencia y validación de investigadores y especialistas del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM.

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