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Sábado , 21.07.2018 / 22:30 Hoy

Margarita, a juicio junto a 9 ex colaboradores por desvío

La ex alcaldesa de Monterrey quedó sujeta a proceso por el desvío de 8 millones 207 mil 546 pesos que le reclama el municipio que representó.

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Dora Irene Rivera

Por primera vez en la historia de Nuevo León, un ex funcionario de la talla de Margarita Alicia Arellanes Cervantes se sienta en el banquillo de los acusados y queda imputada junto con nueve de sus ex colaboradores por el desvío de 8 millones 207 mil 546 pesos que le reclama el municipio que representó.

En una diligencia que se prolongó casi dos horas, la ex alcaldesa y sus ex colaboradores, ahora coacusados, se negaron a declarar y se apegaron a los beneficios del artículo 20 constitucional.

Arellanes Cervantes y sus coacusados se negaron a responder a la acusación de ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo de funciones públicas que le atribuye la Procuraduría de Justicia en representación de la actual administración, que le reclama el desvío de los más de 8 millones.

De acuerdo a la denuncia que presentaron las autoridades regias, ese monto se desvió con la contratación de un servicio legal que iban a recibir después de haber dejado sus cargos, el cual sería brindado por el abogado Roberto Martínez Rodríguez.

Los coacusados son:

* David Rex Ochoa Pérez, ex síndico

* Arturo Pecina Cruz, ex regidor

* Luis Ángel Torres Garza, ex encargado del Despacho de Adquisiciones

* Aldo Ariel Cepeda López, ex Directo de Egresos

Ellos sólo están como presuntos responsables de ejercicio indebido de funciones públicas.

* Irasema Arriaga Belmont, ex síndica

* Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, ex secretario de Ayuntamiento

* Julián Hernández Santillán, ex Tesorero

* Alejandra Rodríguez Guerrero, ex secretaria de Administración

* José Francisco de la Cruz Suárez, ex Director Jurídico

Estos cinco son sujetos a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo de funciones públicas, al igual que la ex alcaldesa.

Fue en punto de las 08:35 de este jueves, cuando la ex edil de Monterrey llegó a su cita para declarar ante un juez.

A bordo de una camioneta Honda y enfundada en traje negro, Arellanes fue recibida a las afueras del Palacio de Justicia por su abogado Juan Antonio Villarreal Gutiérrez, Fabián Adame y por el que fuera su tesorero, Julián Hernández Santillán.

La audiencia inició a las 09:00, y se llevó a cabo en la sala uno del Poder Judicial donde compareció por presuntos daños al erario, delitos por los cuales podría alcanzar hasta 20 años de prisión.

A su salida del Palacio de Justicia, Arellanes evitó dar detalles de lo ocurrido en la audiencia y únicamente dijo que se solicitó la ampliación del término constitucional para que sea en 144 horas, es decir hasta la próxima semana, cuando la juez de control Patricia Gutiérrez Ramírez le resuelva la situación legal que corresponde.

"Muchísimas gracias, pues seguimos en la misma etapa de lo que es esta audiencia, venimos a conocer los argumentos de la Fiscalía y bueno como ustedes pueden dar cuenta este término se ha ampliado así que continuamos en los mismos términos, para no afectar los derechos del resto de las personas que están actualmente dentro de la carpeta, es que no puedo manifestarme al respecto", indicó.

Aunque el término vence el próximo miércoles, la juzgadora programó la audiencia para el martes 5 de julio a las 09:00, y como pidieron la ampliación les advirtió que debían presentar pruebas que no estuvieran en la carpeta judicial que les integra el agente del Ministerio Público, además de que deben presentarse a comparecer porque si no se harían acreedores a una posible orden de aprehensión.

Con ello, la ex alcaldesa tiene cinco días más para reunir pruebas y desvirtuar la acusación que le está presentado la Procuraduría de Justicia. Las pruebas se tendrán que mostrar para desahogarlas en la audiencia, antes de que la juzgadora emita una resolución al respecto.

De acuerdo a la ley y por el monto que se le reclama, Margarita Arellanes es acusada de delitos graves; sin embargo, el nuevo sistema acusatorio tiene muchos beneficios para los imputados, como ahora se le considera a la ex alcaldesa y sus ex colaboradores, por lo que ellos de alguna manera pueden hacer gestiones y no llegar a prisión.

El proceso apenas empieza, por lo que será hasta en un juicio final donde se decida el futuro legal de Arellanes Cervantes y sus coacusados.

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