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Jueves , 18.10.2018 / 09:38 Hoy

Limitan plazo para reunir pruebas contra Margarita

La Fiscalía pide más tiempo con el argumento de que no ubicaron a 10 de los testigos; ahora tiene hasta el 19 de agosto para presentar las evidencias contra la ex alcaldesa y sus 9 coacusados.

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Aunque la Subprocuraduría Anticorrupción solicitó 30 días más para concluir las indagatorias dentro de la carpeta judicial contra Margarita Arellanes Cervantes y sus nueve coacusados, un juez de control concedió únicamente un plazo 10 días hábiles a los agentes del Ministerio Público.

Por ello, ahora la Fiscalía tiene hasta el próximo 19 de agosto para entregar las evidencias con las que pretende sostener la acusación que la actual administración de Monterrey hizo en contra de Arellanes Cervantes y sus ex colaboradores, a quienes les reclaman 8 millones 207 mil 546 pesos que erogaron en la firma de un contrato de servicios, los cuales empezarían a recibir al concluir su gestión.

Los fiscales tenían hasta este viernes para dar por concluida la investigación, pero solicitaron una audiencia para la ampliación del término con el argumento de que tenían pendiente la localización de 10 testigos que no habían ubicado.

Dijeron que las declaraciones de esos testigos, que son empleados de la Dirección de Adquisiciones del Municipio, se van a sumar a las de otros 23 de sus compañeros de trabajo que ya comparecieron.

Argumentaron que también esperan informes solicitados a la administración municipal sobre unos contratos en los que aparecen las firmas de los vinculados: Margarita Arellanes Cervantes, Irasema Arriaga Belmont, Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerra y José Francisco de la Cruz Suárez, quienes desde el pasado 5 de julio están vinculados por ejercicio abusivo de funciones públicas.

Ellos, además de los ex integrantes de la Comisión de Adquisición del municipio de Monterrey: David Rex Ochoa Pérez, Arturo Pecina Cruz, Luis Ángel Torres Garza y Aldo Ariel Cepeda Ló- pez, a quienes se les considera probables responsables del delito indebido de funciones públicas.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, los abogados de todos los vinculados se opusieron y alegaron que habían tenido suficiente tiempo para recabar las diligencias.

Asimismo, señalaron que la versión de los testigos no era válida, pues éstos no participaban en ninguna firma y sólo los habían vinculado por lo relacionado a un contrato.

Sin embargo, el juez de control Óscar Medina resolvió que esto no violentaba los derechos de los acusados, según el mismo Código de Procedimientos Penales.

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