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Domingo , 27.05.2018 / 21:33 Hoy

Liberan a ex alcalde de Mártir de Cuilapan

Crisóforo Nava, considerado el principal opositor a la alcaldesa, Felicitas Muñiz, pagó una fianza de 15 mil pesos, por lo que quedó libre.

 

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Rogelio Agustín Esteban

Por medio del pago de una fianza, el ex alcalde de Mártir de Cuilapan, Crisóforo Nava Barrios salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo, en donde permanecía tras la ejecución de una orden de aprehensión motivada por el delito de despojo.

Integrantes del movimiento que se mantiene en la cabecera municipal de Mártir de Cuilapan, reclamando la revocación de mandato de la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez confirmaron que la fianza de Nava Barrios asciende a 15 mil pesos y que fue depositada desde la jornada del viernes 12 de agosto.

La captura de Nava Barrios se registró la madrugada del miércoles 10, cuando elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) irrumpieron en Apango, cabecera municipal de Mártir de Cuilapan y tras someter a varios integrantes del plantón que se mantiene frente al ayuntamiento, se introdujeron a la casa del ex alcalde y se lo llevaron semidesnudo.

Edita Ivon Nava, hija del dirigente, sostuvo que durante la captura se cometieron varias irregularidades, pues en primer lugar los ministeriales no mostraron ninguna orden de aprehensión ni cateo en el domicilio familiar.

Además, dentro de la vivienda de Nava Barrios se amagó con armas de fuego a la esposa y dos hijas del opositor a la jefa de cabildo, entre las agredidas estuvo una 0niña de nueve años.

La causa penal presentada contra Nava Barrios quedó radicada en el Juzgado Cuarto Penal, en donde también se le acusa de rebelión, motín, sabotaje y ataques a la paz pública.

La jornada del lunes, la fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, integrada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco Deaquino y Magdalena Camacho Díaz denunciaron que lo que se registra en Mártir de Cuilapan no es un movimiento social genuino, más bien, se trata de un acto de crimen organizado porque la intención de los dirigentes es obtener por lo menos 10 millones de pesos a cambio de permitir que la alcaldesa, Felicitas Muñiz Gómez trabaje con normalidad.

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