La liberación de jornaleros traba las negociaciones

Se fijaron 7 millones de pesos por tres detenidos para resarcir daños a patrullas.
La semana pasada los campesinos protestaron por las condiciones en que trabajan.
La semana pasada los campesinos protestaron por las condiciones en que trabajan. (Reuters/Archivo)

Baja California y México

Entre un estira y afloja líderes de los jornaleros agrícolas que laboran en los campos del Valle de San Quintín, el representante de la Secretaría de Gobernación y el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid se reunieron para finiquitar un acuerdo. Sin embargo, al cierre de esta edición la reunión continuaba.

Fidel Sánchez junior, hijo de Fidel Sánchez, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal —en entrevista para MILENIO—, confirmó que la liberación de los acusados trabó la negociación.

Se discutió la excarcelación de tres jornaleros, a quienes el juez penal de primera instancia les fijó una fianza de 7 millones de pesos por cada uno, como garantía del pago por los daños ocasionados a las unidades de la Policía Estatal Preventiva y a la Comandancia Regional de la Policía Municipal de la Colonia Vicente Guerrero, durante los disturbios registrados el pasado 9 de mayo en la citada colonia.

Además, hablaron del incremento al salario, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de los trabajadores agrícolas y la operación de guarderías para los hijos de los campesinos.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, dijo que “no es ni racional ni proporcional” la fianza que en materia jurídica se impuso a los jornaleros detenidos por el enfrentamiento en San Quintín, Baja California.

“Una fianza como esta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional.”

Al comentar que en este caso el Conapred no puede intervenir debido a que hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que ha dialogado con este organismo autónomo y le ha ofrecido el apoyo que requiera si hay discriminación.

Diputados de Movimiento Ciudadano y PRD calificaron de injusta y lamentable la fianza de 7 millones de pesos impuesta a tres jornaleros de San Quintín, Baja California, detenidos el sábado pasado; además, señalaron que la multa es para intimidar a quien pretenda defender sus derechos.

Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano, explicó que el fallo demuestra “la falta de justicia social” hacia los campesinos. “Una persona que ha trabajado toda su vida no tiene esa cantidad de dinero; es increíble que a un jornalero se le esté imponiendo esa multa; es resultado de la falta de políticas públicas en nuestro país”, aseguró.

En tanto, el perredista Miguel Alonso Raya expresó que la fianza tiene como objetivo “intimidar a todo aquel que se pretenda organizar para defender sus derechos”. Aún más, dijo que se trata de “un absurdo, un insulto a la inteligencia; una violación flagrante y una manipulación de la ley… Deben poner en libertad a los jornaleros”.

Durante la refriega entre jornaleros agrícolas de dicha colonia y agentes de seguridad fueron detenidas 10 personas, siete adultos y tres menores; sin embargo, tres de los siete adultos consignados al juez penal de primera instancia del poblado de San Quintín ya recobraron su libertad, tras pagar fianzas menores.