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Martes , 23.10.2018 / 09:07 Hoy

La privacidad está tutelada por la Constitución

A pesar de que existe una garantía de seguridad jurídica, el castigo para quien vulnere o menoscabe ilegítimamente la intimidad de una persona, no es más que una sanción económica.

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El fácil acceso a redes sociales a través de internet, el tener dispositivos móviles que cuentan con la función de cámara fotográfica y factores personales como la falta de valores, la falta de respeto por los demás o incluso por la propia persona, en la actualidad son elementos importantes en un acto de violación al derecho a la intimidad o la privacidad.

Todo ello genera que fotografías o videos íntimos sean publicados y distribuidos en cuestión de segundos en todo el mundo, lastimando la autoestima e integridad de quien es víctima.[OBJECT]

Aunque hombres, mujeres y niños por igual, están expuestos a ser víctimas de que alguna imagen, video o material íntimo sea publicado y distribuido, son generalmente los menores y las mujeres quienes mayores consecuencias acarrean al ser exhibidos.

En algunos casos los adolescentes vulneran su propia intimidad, desconociendo las consecuencias, hasta que el problema de sale de control.

Alrededor del mundo se han registrado casos en los que las víctimas han optado por terminar con sus propias vidas, luego ser exhibidas en redes sociales o de ser expuestas en sus comunidades con material intimo, en su mayoría adolescentes.

En México el derecho a la privacidad o intimidad de las persona se encuentra tutelada por la Constitución Mexicana, en el primer párrafo del artículo 16, aunque no de manera expresa pues no se utiliza textualmente la palabra intimidad.

La garantía de seguridad jurídica establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, cuya finalidad es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar, que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, según interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La SCJN ha definido a la intimidad como el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, le concede el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos.

Este es el derecho que el más Alto Tribunal ha calificado de esencial para la condición humana, ya que puede reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que lo lesione por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.

El Código Civil Federal en su artículo 1916 protege el derecho a la intimidad con la figura de daño moral, delito entendido como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás.

Se determina que hay daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente, la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Sin embargo la reparación del daño moral será mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual.

En el ámbito federal esta es la única manera de castigar la violación al derecho a la intimidad, toda vez que en el Código Penal se deben cumplir ciertos requisitos, como el que sea material obtenido bajo intervención de medios electrónicos o de telecomunicaciones, para poder considerarlo como un delito.

En Coahuila el Código Civil en su artículo 1895 contempla la reparación del daño moral al igual que lo hace el código federal, a través de una indemnización económica que determinará un juez.

Asimismo en el artículo 382 del Código Penal de Coahuila se consideran las sanciones y figura típicas del delito de violación de la privacidad, este apartado establece que se sancionará con prisión de 1 a 5 años a quien se apodere, sin consentimiento del afectado y para conocer algún secreto, intimidad personal o comunicación reservada, documentos u objetos para invadir la privacidad.[OBJECT]

A quien reproduzca estos documentos u objetos y utilice medios técnicos para invadir la privacidad, para escuchar, observar, transmitir, grabar o reproducir la imagen o el sonido.

Aunque el derecho a la privacidad y la intimidad estén protegidas, aún hace falta que la sociedad considere los alcances que tiene el exhibir y compartir videos o fotografías intimas de alguna persona, pues las consecuencias pudieran derivar desde el daño emocional de la víctima hasta la muerte, como ha ocurrido en otros países.

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