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Lunes , 16.07.2018 / 11:37 Hoy

Juez acepta amparo contra liberación de feminicida de Valles

Existía el temor por parte de los familiares que este sujeto saliera libre por negligencia de las autoridades.

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Imelda Torres

A principios de septiembre del 2016, Sandra Campuzano Nava se dio cuenta que al presunto asesino de su hija le habían dictado auto de libertad, y que aunque seguía preso, había riesgo de que fuera liberado también por los otros cuatro casos que se le imputan.

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Después de reclamar lo que calificó como negligencia y omisión de las instancias encargadas de representar a los familiares de las víctimas, fue que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) se vio obligada, ahora sí, a promover un amparo contra esa determinación de un juez.

Filiberto Hernández Martínez se encuentra preso desde julio del 2014, acusado de la muerte de una niña de nueve años, tres adolescentes de 12, 13 y 15 años de edad y de una joven de 32 años, todas del municipio de Tamuin, San Luis Potosí.

Adriana Martínez Campuzano tenía 13 el 24 de mayo del 2011 cuando desapareció. Sus restos fueron encontrados el 11 de junio entre unos cañaverales, con signos de haber sido estrangulada. Pasaron otras tres muertes más para que las autoridades esclarecieran los hechos y pudieran detener a Filiberto, un ex militar quien daba clases de karate en la colonia Juárez cuando al parecer cometió los abominables asesinatos. Privó de la libertad a sus víctimas, las violó y después mató, estrangulándolas.

En diciembre del 2015 a Filiberto un juez le dictó auto de libertad por el caso de Sandra Martínez Campuzano, que porque hubo anomalías en su detención, pues éste alegó tortura, entre otras inconsistencias.

Nueve meses después y de pura casualidad, Sandra Campuzano se enteró de ello, por lo que exigió apoyo a las autoridades encargadas de procurar justicia, para que el presunto feminicida no saliera del penal de Gómez Palacio, Durango donde se encuentra.

Este martes a través de un comunicado la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas informó que presentó un amparo contra ese auto de libertad el 27 de septiembre de 2016, fue admitido el 29 de septiembre y fue resuelto el 16 de diciembre de 2016, quedando firme el 5 de enero de este 2017 sin que pueda revocarse o combatirse.

Los efectos de este amparo es que abre un periodo para la víctima y el agente del ministerio público para perfeccionarlos elementos de prueba que ya existen.

"Se pretende trabajar en conjunto con el Ministerio Público y la organización civil (Grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social) que la está representando, en beneficio de las víctimas indirectas, una vez lograda la sentencia condenatoria se buscará la reparación del daño de la madre de la víctima.

"La CEEAV aporta los gastos de trámites jurídicos, apoyo psicólogo y en su momento una reparación integral", asegura. Mientras tanto, familiares de las otras cuatro víctimas esperan sentencia en sus casos.

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N.A.M.A

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