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Sábado , 22.09.2018 / 00:51 Hoy

Jalostotitlán cancela acuerdos a favor de El Zapotillo

Los ediles reconocen que el trasvase a León daña a su economía y a sus habitantes, y se suman a los dictados del observatorio del agua.
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El Ayuntamiento de Jalostotitlán ha decidido desconocer el acuerdo que aprobó su cabildo el 3 de noviembre de 2008 (acta LXVII, punto de acuerdo 07), por considerar que el proyecto de la presa El Zapotillo y su acueducto a la ciudad de León es contrario a los intereses de sus gobernados, de su economía local y de sus derechos sociales y ambientales.

De este modo, la comuna decidió por unanimidad, tras reunirse en mesas de trabajo con miembros del Observatorio Ciudadanos para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, aceptar las recomendaciones que ha emitido el cuerpo colegiado, tendientes a que el proyecto de represa se detenga en 80 metros de altura y que no se construya el acueducto.

“El c. presidente Guadalupe Romo Romo manifiesta que, tras las mesas de trabajo realizadas en nuestro municipio, así como toda la información recibida a través del observatorio (...) nos queda claro que el punto de acuerdo que se tomara el 3 de noviembre de 2008 es perjudicial para el desarrollo integral de nuestro municipios; el regidor Gamaliel Romo Gutiérrez, quien fuera síndico durante esa administración, expresa que la decisión que se tomara (sic) entonces fue a quemarropa debido a las presiones por parte del gobierno federal y la falta de información al respecto, por tal motivo, se somete a votación, arrojando el siguiente acuerdo con diez votos a favor (unanimidad)”, lo que lleva a desconocer el acuerdo “y se acepta en todas y cada una de las observaciones que nos hace el Observatorio…”.

En particular, se aceptan las recomendaciones 1 y 2 de 2014, que son justamente las relativas a impedir el trasvase entre las cuencas del río Verde y del río Turbio.

Los regidores de Jalos solicitan al gobierno de Jalisco que se entregue información sobre clima, hidrometría, usuarios, demografía, estaciones de aforo de agua, periodos de retorno de esta, cambio de uso de suelo autorizados, formulación y evaluación, bitácoras de avance del proyecto El Zapotillo, su manifestación de impacto ambiental (MIA) debidamente autorizada, el balance hídrico de la cuenca y la proyección del recurso hídrico bajo la perspectivas de cambio climático.

El gobierno estatal también recibe la solicitud para que gestione la realización de un ordenamiento hídrico de la cuenca del río Verde a escala 1/50 mil conforme a la metodología desarrollada por la autoridad ambiental para hacer los ordenamientos ecológicos, y que una vez realizado, se constituya como un instrumento de política pública con fuerza de ley para determinar políticas públicas y usos del agua, del territorio y de sus recursos.

Exigen también que se gestione la realización de una auditoría o análisis técnico que revise la autorización que se otorgó a la presa por medio de una MIA que ha sido impugnada en todos los círculos sociales y políticos por presuntamente haberse permitido “a modo” de los intereses de los constructores de la obra y de los gestores del proyecto de exportación de aguas.

“Esta auditoría deberá realizarse por una institución de educación superior de reconocida solvencia y con la participación de expertos en las materias comprendidas y la participación de observadores internacionales, así como por lo menos un miembro designado por el grupo técnico del observatorio…”.

Las medidas de cumplimiento de la recomendación, por parte del ayuntamiento de Jalostotitlán, serán las siguientes: en el ámbito de sus atribuciones, cumplir con lo señalados en las recomendaciones, y en particular, que se aplique la sentencia de la controversia constitucional 93/2012, “toda vez que su cumplimiento es de orden público y su falta es contraria al estado de derecho”; también, cumplir la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 35/2009.

Detalla especialmente el caso del acueducto El Zapotillo-León, que atraviesa parcialmente el territorio de Jalostotitlán: se debe suspender todos los permisos y vocacionamientos otorgados a la obra, todos los cambios de uso de suelo que sean competencia municipal, y las licencias de construcción para la obra, pero también, que se gestione la impugnación del título de concesión otorgado a la ciudad de León sobre aguas del río Verde, así como transparentar los documentos de dictaminación para la obra que pasaron por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los regidores son enfáticos respecto a la necesidad de que se legisle sobre los temas de trasvase, y que quede clarificado que las cuencas “frágiles” por su escasa disponibilidad de agua y por la importancia de la población a la que sirven y la dependencia del recurso a la economía, deben ser eximidas de ese tipo de medidas en definitiva.

CASOS CAÑADAS Y SAN JUAN

Hace un año, el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón fue el primero de la entidad que aceptó “y se obliga a cumplir en todos sus términos” las recomendaciones 1/2014 y 2 /2014 emitidas por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, lo que, al ser la demarcación donde se ubica la presa El Zapotillo y el origen del acueducto a León, significa cancelar todas las autorizaciones otorgadas a la obra.

Eso fue fruto de un acuerdo alcanzado por el cabildo municipal tras gestiones del propio observatorio para que se explicaran y asumieran los compromisos, no sólo por su carácter vinculante, sino porque a juicio del organismo, es lo más conveniente para preservar el pueblo de Temacapulín, y de garantizar el futuro del propio municipio.

El acuerdo municipal (oficio 122/17, expediente 012/C), firmado por el presidente municipal, Jaime Gustavo Casillas Vázquez, y la secretaria general Silvia Jáuregui Tostado, emana de la sesión ordinaria 19, del 22 de marzo pasado, en la cual, se aprobó el acuerdo en el punto número nueve, propuesto por el primer edil. Por su parte, el Ayuntamiento de San Juan de los Lagos ha aceptado establecer una mesa de trabajo con el observatorio, que lo podrían llevar a ser el tercer municipio que se sume formalmente a la impugnación de la macro obra.

GPE

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