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Lunes , 25.06.2018 / 14:52 Hoy

En Jalisco reclaman al Gobierno Federal incumplimiento de promesas

A millones de mexicanos por la vía del hecho se les niega justicia, educación de calidad y desarrollo social, denuncian antorchistas.


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Agustín del Castillo

Integrantes del Comité estatal del Movimiento Antorchista en Jalisco, encabezados por el líder del antorchismo jalisciense, Eduardo Campos Flores denunciaron ante la opinión pública, una y otra vez, por todos los medios a su alcance, han demandado al Gobierno Federal, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, que resuelva graves problemas que afectan a la seguridad y a la vida digna de millones de mexicanos, problemas que, de acuerdo con la ley que nos rige, corresponde resolver a ese nivel de gobierno. Una y otra vez, por medio del encargado directo de atender sus asuntos, el Subsecretario de Gobernación federal, Luis Enrique Miranda Nava, les ha dicho y repetido que sus reclamos, son absoluta y completamente justos y apegados a derecho y que, por tanto, serán atendidos.

No obstante, casi todos los asuntos están en la misma situación que cuando fueron expuestos por vez primera, se encuentran en punto muerto y algunos, incluso, han empeorado drásticamente. Como indicador inobjetable de la resistencia oficial a culminar las soluciones, tan sólo en los últimos seis meses el citado funcionario federal ha cancelado las reuniones en 19 ocasiones, la última de las cuales –hasta ahora- tuvo lugar apenas el pasado martes 4 de los corrientes en que fue pospuesta, sin hora ni día precisos, “hasta la semana próxima”.

Sobre el escritorio del Subsecretario de Gobernación esperan soluciones desde hace muchos meses, e incluso varios años, los siguientes problemas que afectan gravemente a cientos de miles de mexicanos de los que ya están bastante empobrecidos y marginados:

En el estado de México, están a punto de cumplirse dos años del secuestro y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo, padre de Maricela Serrano Hernández, actual diputada federal electa. Cada vez está más claro que ese crimen tuvo un móvil político: amedrentar a Maricela Serrano, en ese entonces alcaldesa de Ixtapaluca, y junto con ella a todo el antorchismo nacional. En el caso, no hay ninguna investigación que lleve a la captura de los que ordenaron el crimen, a pesar de que hay señalamientos concretos que involucran a Armando Corona, diputado local priista del Estado de México.

En el estado de Oaxaca, los campesinos de Santo Domingo Yosoñama son asesinados por defender sus tierras de los embates de un grupo criminal fuertemente armado y enquistado en Mixtepec, un municipio vecino. Cuando planteamos el problema a la Segob y al gobierno de Oaxaca, al inicio de esta administración federal, habían sido asesinadas cinco personas, entre ellas Miguel Cruz José, integrante de la Dirección Nacional antorchista; al día de hoy, la cifra ya llegó a 21, entre las que se cuentan niños de no más de 10 años que fueron balaceados y calcinados bestialmente junto con sus padres. El líder estatal antorchista Eduardo Campos Afirmó “Sin duda estamos ante una de las peores masacres ocurridas recientemente en el país, pero no hay un solo responsable detenido y nunca se han cumplido los ofrecimientos de la Secretaría de Gobernación: resolver el conflicto y desactivar a la mafia que ahí opera”.

En el estado de Michoacán, como en otras partes del país, la educación está literalmente concesionada al grupo de golpeadores de la CNTE que se opone, entre otras cosas, al programa Escuela de Tiempo Completo, que forma parte de la nueva Ley de Educación. La respuesta oficial ha sido la misma: promesas de solución absolutamente incumplidas. Quizá sea representativo de la connivencia oficial, la paladina declaración de Armando Sepúlveda López, secretario de Educación en el estado de Michoacán, en el sentido de que el Tiempo Completo y la planta de profesores no se les autoriza a tres escuelas primarias porque él “tiene compromisos”.

Sobre la retención de programas: Desde el año pasado, el Gobierno de la República ha congelado el suministro de apoyos sociales que mexicanos pobres recibían en varias entidades, una especie de venganza para castigar su protesta legítima. Se trata de pequeños apoyos para mejorar su vivienda mediante programas de la SEDATU y para apoyar la producción agropecuaria mediante programas manejados por la SAGARPA. De igual manera, se ha tornado lenta, hasta casi paralizarse, la asignación de recursos gestionados por los diputados federales antorchistas para realizar obras públicas en varias entidades. Sobre todos estos asuntos hay acuerdos, fechas y montos para liberar recursos públicos a familias que acrediten necesitarlos, pero en la realidad no hay ningún avance.

El antorchismo nacional solicita al presidente Peña Nieto: de manera atenta, pero apremiantemente, que el Gobierno de la República cumpla sus compromisos y haga cumplir la ley. Nada más. Remató Campos Flores.

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