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Jueves , 20.09.2018 / 18:31 Hoy

Integran declaración 3de3 en Constitución de CdMx

La Asamblea Constituyente estableció en el artículo 70, que todo servidor público local presente su declaración patrimonial y fiscal; sin embargo, queda por definir quienes reciben ese título. 

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La Asamblea Constituyente avaló elevar a rango constitucional que todo servidor público de la capital tenga la obligación de presentar su declaración 3de3 sobre situación patrimonial, fiscal y conflictos de interés, que quedará establecido en el artículo 70 de la Carta Magna.

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Sin embargo, enviaron a la Mesa de Consulta la definición de funcionario público, puesto que de mantenerse como en el dictamen, no solo los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, alcaldías y miembros de los organismos autónomos tendrán que hacer públicas sus declaraciones, sino también las personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos.

El problema consistiría en que estas últimas, no tienen responsabilidades administrativas, aunque si penales.

"Las personas físicas y morales que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones", se lee en el texto propuesto por el grupo de trabajo que encabeza el legislador perredista, Armando Ríos Piter.

De la misma manera se aprobó la prohibición de contratar propaganda con recursos públicos, "que implique la promoción personalizada de cualquier servidor público",

Además de la creación de un Sistema Anticorrupción, el cual se encargará de coordinar con las autoridades la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos.

Este estará conformado por un Comité Coordinador, integrado por los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del órgano de control del Congreso y de la secretaría encargada del control interno, además de un representante del Consejo de la Judicatura y por un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá.

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En tanto, el Sistema de Fiscalización Superior tendrá autonomía de gestión, técnica y presupuestal y fiscalizará las acciones del Gobierno local y de las alcaldías en materia de fondos, recursos patrimoniales, contratación, uso y destino de la deuda pública.

La persona titular de esta entidad será nombrada por el voto de las dos terceras partes de los presentes del Congreso local, a partir de una convocatoria abierta pública en la que no participarán quienes hayan ocupado una secretaria, legisladores, alcaldía o municipio en los tres años previos al proceso de selección.

Actualmente esta es propuesta del jefe de Gobierno y fue ratificada por la Asamblea Legislativa.

FLC

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