Soy inocente: ex gobernador de SLP

Marcelo de los Santos Fraga acusó al gobierno de Fernando Toranzo de mentir y denuncia que la Contraloría del Estado que es la instancia que lo ha sancionado.

San Luis Potosí

El ex gobernador Marcelo de los Santos Fraga dijo ser inocente del cargo de desvío recursos públicos que identificó la Contraloría del Estado y por el cual, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante veinte años. De la multa impuesta por siete mil 791 millones de pesos, el ex mandatario la calificó de “ridícula”.

En un desplegado publicado en la prensa, De Los Santos Fraga acusa al gobierno de Fernando Toranzo de mentir y denuncia que la Contraloría del Estado que es la instancia que lo ha sancionado, no le respeto su derecho de réplica a fin de presentar pruebas en su favor.

“He decidido responder a la falsa acusación que cobardemente ha lanzado contra mil el actual gobierno de San Luis Potosí”, dice en su desplegado en el que subraya que la multa que le aplican por cerca de ocho mil millones de pesos es “dolosa, abusiva y hasta ridícula”.

Precisa que el gobierno de Toranzo pretende engañar a la sociedad potosina y lo acusa de hacer “uso mafioso” de las instituciones públicas.

El ex gobernador advierte que “solo en una mente perversa cabe la idea de que acusando sin ton ni son y, peor aún, sin fundamento legal alguno, San Luis Potosí va a dejar de padecer la tristísima abulia de sus autoridades. Solo en una mente de apretados criterios éticos puede persistir la idea de que una mentira dicha mil veces, termina volviéndose una verdad”.

Agrega que “no se me acusa, y en ningún modo se demuestra, que el crédito bancario por 1 mil 500 millones de pesos que solicité al final de mi gestión como Gobernador de San Luis Potosí, lo hubiere dispuesto para mi beneficio personal. De manera infame, se me acusa de desvío de recursos por haber aplicado parte de dicho monto en rubros de gasto corriente y compromisos financieros, pero no se explica lo siguiente.

“Que el ejercicio de aproximadamente una tercera parte de ese recurso, fue aprobado en la opinión y dictamen técnico de la propia Contraloría Estatal.

Que otra tercera parte de dicho monto fue dispuesta por el actual gobernador Toranzo y que, por ende, él debería responder por ella.

Que de acuerdo al Artículo 8° de la Ley de Deuda Pública que así lo autoriza, el monto restante se aplicó en diversos rubros merced a la emergencia financiera provocada por la crisis económica global de 2009, así como al consecuente recorte presupuestal ordenado por el Gobierno Federal a las Entidades Federativas”.

Y finalmente, que en ese procedimiento imparcial no se me ha permitido presentar mis pruebas ni se me concedió el uso de la palabra y se me pretende negar el derecho de réplica, a sabida cuenta de que se trata de un acto de revancha política y no de búsqueda de Justicia.

Como ex Gobernador del Estado de San Luis Potosí, pero también como Ciudadano, exijo un procedimiento apegado a la Ley, ajeno a los intereses de Toranzo, lo cual dará certeza de que la administración de Justicia relacionada a este caso, me dará plena razón, fallará mi inocencia en las imputaciones que se me hacen, y aclarará el destino de los recursos del crédito de 1 mil 500 millones de pesos, tanto de la parte que se aplicó durante mi Administración, como de la parte que recibió el actual gobierno estatal.

Concluye que “he actuado prudentemente durante los últimos cuatro años, tal y como lo he hecho a lo largo de mi vida, tanto en el aspecto público como en el privado, sin ánimo alguno de entorpecer la actual administración de lo que de buena fe creí sería un buen gobierno para San Luis Potosí, pero cuyo arribo al poder hoy lamento profundamente”.

Mientras tanto, la Contraloría del Estado informó que dos ex colaboradores del ex gobernador también han sido sancionados. Arturo Álvarez Muñiz y Carlos Fernández Galván, ex secretarios particulares de Marcelo de los Santos fueron inhabilitados para ejercer cargos durante veinte años.

Se les identificaron actos ilegales en la contratación de obra para la remodelación de las oficinas de la Secretaría Particular del gobernador en palacio de gobierno. Contrataron las obras sin previa licitación pública. Álvarez Muñiz Fue multado con siete millones 100 mil pesos y Fernández Galván con seis millones 400 mil pesos.