Un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), activistas de organizaciones sociales y habitantes del municipio de Asunción Nochixtlán, se manifestaron frente la sede de los juzgados de distrito para presentar un amparo contra el dictamen que emitió la Comisión Plural Legislativa creada para investigar los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán.
Los inconformes aseguraron que el informe es falso porque los legisladores vulneraron el derecho a la verdad de las víctimas, violentándose el artículo 21 constitucional.
Aseguraron que en ningún momento los diputados y senadores acudieron a Nochixtlán para testificar la realidad acerca de lo ocurrido, tampoco se entrevistaron con ninguna viuda o huérfano de los asesinados o lesionados.
Aseguraron que solo se emitió un informe viciado, tendencioso y plagado de irregularidades y falsedades que no se acercan a la realidad y que solo trata de hacer ver a los radicados en Nochixtlán como responsables y victimarios, cuando lo qué en realidad ocurrió fue una represión de Estado gestado contra el pueblo.
Evidenciaron que el amparo presentado tiene un sustento jurídico contra las instituciones del gobierno mexicano, porque objeta un dictamen e informe que carece de veracidad porque no está apegado a la verdad histórica.
Maurlio Santiago, abogado de las víctimas, dijo que hay un emplazamiento al gobierno federal para que la procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez se reúna con las víctimas de la masacre del pasado 19 de junio y ordene la creación de una fiscalía especial para esclarecer los hechos.
Afirmó que a más de tres meses de los hechos no hay ningún implicado o responsable en la cárcel, cuando es claro que quien ordenó disparar contra la manifestación fue un mando de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional, incluso, de acuerdo a la cadena de mando fue el propio Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, quien tendrían que ser llamado a cuentas por sus responsabilidad en los acontecimientos.
Afirmó que el bloqueo de la carretera federal y la autopista Oaxaca –México no se retira hasta que no haya un avance en el tema de la justicia para los caídos y los heridos.
Santiago, dijo, que también se solicitará una medida cautelara ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por las acciones de intimidación que ha sufrido la presidente del Comité de Víctimas, Juana Ramona Solís, quien fue víctima de acciones de intimidación.
Dijo que el día que se presentó el informe legislativo respecto de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio, un grupo armado irrumpió de forma violenta su domicilio para extraer información y documentación personal agrediendo a sus hijas que se encontraban en el lugar.
Ese día se registró un enfrentamiento entre elementos de la gendarmería nacional, la policía federal y profesores disidentes en la autopista Oaxaca-México que dejo un saldo de ocho víctimas fatales y más de 100 personas lesionadas.
MENTIRA QUE HAYA INDEMIZACIONES
José Luis Cruz Aquino, uno de los familiares de la víctimas del pasado 19 de junio, rechazó que se hayan entregado indemnizaciones por parte del estado, solo se ha recibido una ayuda por gastos médicos y funerarios.
Aseguró que detrás de la intervención del gobierno federal a las víctimas habido muchas mentiras de políticos como Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, que solo se ha querido colgar de este movimiento.
Denunció que su hermano Anselmo Cruz Aquino, fue denunciado de un balazo en mentón a pesar de que durante el tiroteo se lanzó al piso cuando escucho los disparos propinados por los federales contra los manifestantes.
AMPARO PARA LIBERTAD DE PRESOS
En la protestas en los juzgados también participaron familiares de las 25 personas detenidas el 7 de Junio de 2015, que recientemente anunciaron su separación del Frente Popular Revolucionario (FPR) para crear la nueva organización denominada "Corriente del Pueblo Sol Rojo", que exige una audiencia con el juez tercero de distrito, para que se les permita la libertad caucional a los implicados.
MMR
