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Martes , 16.10.2018 / 18:54 Hoy

Indígenas impugnan resolución de la CEDHJ; exigen derecho a trabajar dignamente

Hace un año se quejaron por ser reprimidos para manifestarse, aseguran que la comisión archivó la queja debido a que “cometieron el acto injustificable de cerrar el paso a los vehículos”


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Por no pedir permiso para manifestarse y, por cometer el “injustificable” y casi delito de detener el tráfico vehicular, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) dio por archivada la queja que el 9 de junio del 2014 presentará un grupo de indígenas a ese organismo, luego de ser reprimidos violentamente por el presidente municipal Ramiro Hernández, quien con antimotines los desalojó de una protesta frente al ayuntamiento de Guadalajara, según acusa Jaime Hernández Ortiz, abogado del grupo quejoso, quien además asegura que fue violado su derecho a la protesta pública ya que recibieron abusos, golpes y trato vejatorio de los policías.

“Dieron por archivada la queja debido a que los indígenas cometieron el acto injustificable de cerrar el paso a los vehículos, diciendo que el derecho a la protesta no es un derecho absoluto, además, de que no tenían permiso para utilizar la vía pública y que esos hechos eran constitutivos de un posible delito, pues afectaban derechos de terceros, justificando entonces la represión y conducta ilegal de los policías y del alcalde. Cabe señalar que en la integración de la queja, ningún tercero manifestó ser afectado”, expresó el abogado

Ante esta resolución, los artesanos presentaron una impugnación la semana pasada para que se instaure procedimiento sancionatorio contra el visitador que integró deficiente la queja, argumentando que sólo desean contar con espacios y licencias para vender sus artesanías como otros grupos de comerciantes lo hacen. Asimismo, se pronuncian en contra de la conducta del titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

“Álvarez Cibrián demuestra una vez más su rostro autoritario y su talante de cómplice con represores, nos ha dicho: ‘hasta que los repriman vengan a quejarse’ y ya vemos de todos modos en qué terminan las quejas. Esta resolución se suma a las propuestas criminalizadoras de reglamentar protestas públicas”, declaró el abogado.

Por su parte, Elizabeth Lázaro, representante del grupo de casi 40 indígenas, espera que la resolución gire a su favor, pues señala, la venta de artesanías es su único ingreso. Piden también ser respetados en sus derechos como ciudadanos.

“Muchos no sabemos leer ni escribir, las artesanías son nuestro único ingreso y si nos quitan eso no sabríamos que hacer. También tenemos derechos, ¿porque nos quieren hacer menos?”, finalizó.

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