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Viernes , 19.10.2018 / 09:44 Hoy

Indígenas en prisión están indefensos: Abraham Monroy

Sólo 10 traductores de lenguas originarias para las personas de este sector que se encuentran en penales; únicamente dos son abogados los otros ocho están en proceso de preparación.

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En el Estado de México hay 10 traductores de lenguas originarias certificados por el INALI para ayudar en los procesos jurídicos de los 344 presos indígenas que están en los diferentes centros penitenciarios de la entidad.

El vocal ejecutivo del CEDIPIEM, Abraham Monroy Esquivel, reconoció que aún falta mucho por avanzar en la materia, debido a que son pocos y muy solicitados. De los 10, sólo dos de ellos son abogados y están capacitados en el nuevo Sistema de Justicia Penal los otros ocho están en proceso de prepararse en este tema.

Sólo están certificados en náhuatl, mazahua y otomí, aún falta que lo estén en la lengua matlazinca y tlahuica, ello aunado a que cada lengua tiene sus variantes, explicó.

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De acuerdo con recomendaciones nacionales e internacionales durante su proceso penal deben contar con traductores certificados si habla su lengua materna.

El propósito es que las instituciones de justicia sepan que los respalda un organismo como CEDIPIEM a fin de evitar irregularidades en sus procesos, que cuide los derechos del sector vulnerable que ha sido abusado, pero aquellos que sean culpables deben pagar por su condena conforme a derecho, señaló.

Esos 10 traductores atienden las diligencias; para traducir lo que le dicen al acusado o lo que éste quiera decir; sin embargo, por la carga de trabajo y que no hay más traductores no pueden acudir a todas las diligencias para interpretar los cargos por los que están inculpando.

Refirió que para ser certificados el INALI lleva a cabo un proceso muy escrupuloso, de tal forma que debe cumplir con requisitos como tener una profesión, pasar exámenes, capacitarse de forma constante conforme a ello determinan si las personas son aptas o no, debido a que se trata de temas complejos y los errores pueden perjudicar a la persona.

Uno de los conflictos a los que se enfrentan es que los traductores no perciben un salario por acudir a las diligencias, se les apoya con los viáticos, la comida y el pasaje pero se trata de una labor de vocación y servicio, sobre todo.

"Esa es de las acciones que habría que implementar para que haya más interés que crezca el número. Lo hemos planteado, esperamos que el presupuesto permita. En la medida de lo posible lo implementaremos porque es un apoyo pero a modo personal, no es el suficiente para el trabajo tan importante que se realiza".

La totalidad de los 344 indígenas que están en la cárcel hablan español; sin embargo, requieren de un traductor porque se comunican mejor, entienden mejor en su propia lengua lo que les están diciendo las autoridades, las causas de su detención y las consecuencias.

Hasta hace un año CEDIPIEM no podía acceder a los expedientes ni a los centros de readaptación donde están los indígenas encarcelados por lo que se encuentran en el proceso de revisión de casos que podrían tener irregularidades para conseguir liberarlos a través de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas aprobada el año pasado, pues muchos de ellos no tienen recursos económicos para pagar un abogado.

Además el número de defensores públicos con los que cuenta el Instituto de la Defensoría Pública son insuficientes. Actualmente son alrededor de 500 y cada uno debe atender alrededor de 140 personas, se trata de una carga de trabajo importante que retrasa los procedimientos debido a que hay quienes no pueden llegar a las audiencias porque tenían otra programada.

Es un problema general que afecta a todos. La primer indígena liberada por la Ley de Indulto y Conmutación de Penas los primeros días de agosto de este año, por ejemplo, vio a su abogado de oficio máximo dos meses en casi cinco años de prisión.

Muchas veces se trata de tener dinero para conseguir un defensor particular y tener más posibilidad de ser liberado pues más del 50 por ciento de los presos de culturas originarias cuentan con un defensor público y la mayoría no sabe la lengua materna del acusado.

MMCF

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