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Martes , 16.10.2018 / 01:10 Hoy

Indebido retener autos por adeudos fiscales

Derechos Humanos de Coahuila ordenó proceder contra funcionarios que participaron en operativos de automovilistas morosos y reparar el daño causado a quienes se les retuvo su coche.

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No es procedente la retención de vehículos como garantía por adeudos fiscales, consideró la Comisión de Derechos Humanos en recomendación donde pide iniciar un procedimiento administrativo en contra de personal de tres dependencias estatales que participaron en operativos de revisión a vehículos sin placas y con placas vencidas.

El organismo indica además que se debe dar vista a la Procuraduría de Justicia para que inicie una carpeta de investigación y repare el daño causado a los quejosos y agraviados en los operativos que se realizaron, donde no se observó el principio de legalidad.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió la recomendación 76/2015 dirigida al Secretario de Finanzas, al secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial y al Comisionado de Seguridad Pública.[OBJECT]

Hace referencia a operativos realizados en el segundo semestre de 2014 y el primer trimestre de 2015, en los que se aseguró y retiró de circulación temporalmente vehículos mientras el propietario cumplía con sus obligaciones fiscales.

De acuerdo con la Comisión, el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte establece el orden en que se deben retener documentos antes de proceder al aseguramiento de un vehículo, iniciando por la licencia de manejo, siguiendo por la tarjeta de circulación, y después las placas de la unidad, y dicho orden no se respetó.

Además en los operativos se dieron retiros y aseguramientos de vehículos por razones distintas a las que se habían establecido.

Los funcionarios que incurrieron en ello, violaron el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en lo que constituye un ejercicio indebido de la función pública.

La Comisión pide iniciar el procedimiento administrativo y fincar sanciones al personal involucrado.

Y en cuanto a los afectados, se les deberá reparar el daño de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Víctimas y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos.

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