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Miércoles , 20.06.2018 / 07:30 Hoy

Hijos ausentes denuncian política estatal en Temaca

Señalan como inaceptable la "administración de conflicto" del gobierno de Jalisco y temen que la intención última sea favorecer el trasvase del río Verde y la inundación de sus pueblos.


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Agustín del Castillo

Los comités de hijos ausentes de Temacapulín, denunciaron esta mañana el “doble discurso” del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, que ha derivado en la administración y no resolución del conflicto que heredó por la presa El Zapotillo, con la presunta intención de validar ese megaproyecto, inundar los pueblos alteños amenazados y despojar de su agua a la región de Los Altos de Jalisco.

En conferencia de prensa, “Temacapulín denuncia el despilfarro de recursos públicos por parte del gobierno Federal, de Jalisco y Guanajuato, a favor de contratistas para la realización de estudios deficientes sobre el agua y el rescate de la trasnacional Abengoa [concesionaria del acueducto El Zapotillo-León]; rechazamos los estudios de la Unops [Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos] y el IMTA [Instituto Mexicano de Tecnología del Agua], y alertamos a la sociedad en general a no permitir ninguna decisión sobre el proyecto Zapotillo de parte del gobernador de Jalisco, basado en estos estudios”.

Además, “denunciamos el hostigamiento y presión psicológica provocada por la Conagua [Comisión Nacional del Agua] y la CEA [Comisión Estatal del Agua], a través de la llegada al municipio de Cañadas de Obregón de tubos de Abengoa para el acueducto, exigimos su retiro de inmediato”, señala el manifiesto leído ante los medios de comunicación.

Quienes se pronunciaron son los comités Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Hijos Ausentes de San Juan Cósala, Guadalajara, Monterrey, y en Estados Unidos, Watsonville y Los Ángeles, de California, además de sus asesores, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogados, así como la red de organizaciones Tómala Ciudad.

Los quejosos destacan “el despilfarro de recursos públicos […] a favor de contratistas para la realización de estudios deficientes sobre el agua, los bienes naturales y el rescate de la trasnacional Abengoa; ante el actual escenario de opacidad y autoritarismo que ha dejado en evidencia, la falta de voluntad política para generar alternativas de ahorro y optimización de recursos públicos, en perjuicio directo a la población, como es el caso del actual incremento al precio del combustible, resulta apremiante poner un alto al gasto desmedido”.

Se trata de “estudios deficientes para la toma de decisiones sostenibles, considerados por expertos de universidades como la UNAM, UdeG e ITESO como carentes de los más altos estándares de calidad internacional, los cuales no generarán nueva información […] esos estudios serán usados por el gobierno del estado de Jalisco, para convalidar y justificar una política pública deficiente y plagada de ilegalidades en perjuicio del derecho humano al agua, y en franca violación de los derechos humanos y ambientales”.

Además, “denunciamos el gasto de más de 43 millones de pesos en la construcción ilegal (ya que no cuenta con las autorizaciones correspondientes) y servicios de vigilancia del predio denominado Talicoyunque, lugar donde pretenden reubicar a la población afectada por las obras de la presa El Zapotillo, predio que repentinamente se encuentra parcialmente poblado y que cuenta con sentencia de nulidad emitida por el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco”.

Los colectivos también refieren “los alarmantes incrementos a los costos del proyecto El Zapotillo – acueducto a León, que a la fecha asciende a 20,856 millones de pesos, incrementándose del 2005 a la fecha en 49 por ciento”. Destacan que “la presa el Zapotillo no resolverá los problemas de abasto de agua para el Área Metropolitana de Guadalajara y beneficiará principalmente a la empresa Abengoa que administrará y comercializará el agua por 25 años”.

También consideran “escandaloso que con fondos del erario” se busque rescatar a Abengoa; reprueban que el propio consejo de Pensiones de Jalisco, contra los intereses de los jaliscienses, haya decidido invertir en esa empresa 604 millones de pesos, y que SAPAL de Guanajuato le haya entregado 100 millones y el federal, casi tres mil millones de pesos. Peor aún, si se considera que el IMTA “encontró” 140 millones de m3 de agua “no contabilizada” que según los comités, tiene el propósito de legitimar el trasvase a León.

Piden el retiro de la tubería y las “acciones de intimidación”; que “se detenga el abuso y el despilfarro de recursos económicos por parte de las autoridades federales, del gobierno de Jalisco y Guanajuato en perjuicio de los derechos fundamentales de los pobladores afectados”; que se transparente el estudio de la Unops y sea sometido a la revisión de especialistas ajenos a un compromiso con la Conagua o el gobierno del estado, y de libre conocimiento por la sociedad, y “rechazamos la propuesta de la Unops, de recomendar y conformar un comité para el seguimiento de las recomendaciones de su estudio”, pues “las autoridades del agua no pueden ser juez y parte, como actualmente sucede con el estudio de la Unops, la cual contraponiéndose a todo principio de la ONU se negó a la participación ciudadana y contraloría social en su estudio”, aseguran.

También piden a los diputados de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua de Jalisco “evitar que los estudios contratados convaliden una política pública deficiente que no resolverá el problema de abasto para el AMG y solo servirá para desalojar de manera forzosa a pobladores afectados por el embalse, afectando la producción y la economía de la Región Altos de Jalisco, los derechos y su territorio”.

GPE

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