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Martes , 14.08.2018 / 05:03 Hoy

Hasta 120 edificios tienen más pisos de lo permitido

La construcción de un inmueble en San Pedro de los Pinos, en CdMx, revela una historia de irregularidades y falsedades que inició hace una década para la familia De Castillo.

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La pesadilla para la familia Del Castillo inició hace 10 años, en 2008, cuando la inmobiliaria Coinasa–Lonai Desarrollos Habitacionales, del empresario Joaquín García Santoveña, comenzó a construir un edificio en el terreno contiguo a su propiedad.

El edificio de avenida Primero de Mayo número 139, en San Pedro de los Pinos, es uno de los cientos que en Ciudad de México se construyeron sobrepasando el número de pisos permitidos.

La construcción, dice Jaime del Castillo, representa una historia de irregularidades, de falsedades. Está convencido de que la corrupción inmobiliaria ha afectado su patrimonio y pone en riesgo su seguridad y la de su familia.

Sin permiso, la constructora levantó dos torres de seis niveles con 48 departamentos en una zona donde se permiten solo 3 pisos. Y esto no es un caso aislado: es una práctica común en Ciudad de México, a pesar de ser una zona sísmica, así lo reconoce la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial capitalina.

“Hemos estado investigando con mayor frecuencia el incremento de los niveles permitidos. Es decir, están rebasando lo que avala la normatividad”, acusa Emigdio Roa Márquez, subprocurador de Ordenamiento Territorial.

—¿Cuántos (edificios que sobrepasan los pisos permitidos) han detectado? —se le pregunta.

—Son más de 120, de diferentes años.

Imagine usted una hilera de 120 edificios en Paseo de la Reforma…

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Jaime vive desde hace más de 40 años en una casa catalogada por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su valor artístico. Está en el número 141 de la avenida Primero de Mayo, colonia San Pedro de los Pinos, en Benito Juárez, y desde que arrancó la construcción en el terreno contiguo comenzaron las irregularidades.

Nunca hubo permiso para demoler la vecindad que estaba en el terreno donde se construyó el edificio, ni estudios de impacto ambiental, ni certificado de uso de suelo. Tampoco tuvo una manifestación de construcción.

“Ese permiso pertenecía a otro predio ubicado en el número 199, pero la constructora lo exhibió como propio”, denuncia Jaime.

En agosto de 2011 los vecinos de San Pedro de los Pinos lograron que la delegación Benito Juárez ordenara la demolición total del inmueble, consistente en dos cuerpos de seis niveles. La autoridad requirió al propietario y/o responsable de obra que en un plazo de tres días hábiles exhibiera ante esta instancia la calendarización de los trabajos de demolición del inmueble.

De esa orden ya transcurrieron seis años y cinco meses. El edificio sigue en pie y algunos departamentos ya fueron vendidos.

Y hay más irregularidades.

En 2012 aparecieron dos certificados únicos de zonificación de uso de suelo emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El primero, con fecha del 25 de julio de 2012, autoriza la construcción de 20 departamentos en tres niveles.

“Lo que nos brinca es que es para modificación, para obra nueva, cuando el edificio ya estaba construido”, dice María del Carmen Gutiérrez, una de las vecinas que se ha involucrado en el proceso para denunciar las irregularidades.

El segundo certificado apareció posteriormente, pero con fecha del 4 de julio de 2012, es decir, 21 días antes que el primero. En el documento se autoriza la construcción de las 48 viviendas. Pero en ese momento el edificio ya tenía ese número de departamentos acabados.

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El patrimonio y la seguridad de la familia Del Castillo estaba comprometida y seis peritajes lo acreditan. En octubre de 2014, la Procuraduría General de Justicia dictaminó que en la casa de Jaime las afectaciones se originaron desde la etapa de excavación y cimentación del edificio, y que continúan acrecentándose debido al incremento de peso con la construcción de cada nivel.

Hasta ahora Coinasa–Lonai Desarrollos Habitacionales no ha reparado los daños a la casa, que presenta grietas, hundimiento y humedad provocada por la construcción del edificio.

Por las omisiones se logró suspender a un Director Responsable de Obra, cuenta María del Carmen Gutiérrez.

En lo que va de la administración de Miguel Ángel Mancera, 51 directores responsables de obra fueron sancionados por irregularidades en las construcciones. Braulio Arturo Lara Falcón, el DRO que verificó la obra de la Primero de Mayo, está entre los sancionados y perdió definitivamente su licencia.

“Un DRO que cambia o falsifica información o permite que se construya y termine algo diferente a lo autorizado es un DRO en el que no tenemos que confiarle la seguridad de los edificios”, dice Josefina McGregor, de la organización Suma Urbana.

“La forma de crecer de esta ciudad ha sido irregular e ilegal. No solo los edificios que desafortunadamente se vieron afectados (en el sismo), con derrumbes o futuras demoliciones, son los que están vinculados con la corrupción inmobiliaria”, dice la especialista.

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Otra de las irregularidades fue la utilización de la Norma 26 para supuestamente construir obra de interés social y beneficiarse de las exenciones fiscales. La organización Suma Urbana calcula que en CdMx se construyeron más de 4 mil 500 inmuebles bajo esa normatividad, 900 en la Benito Juárez.

La reglamentación —que dejó de estar vigente el 8 de octubre de 2012 por los abusos de los desarrolladores— estipula que los departamentos no podían venderse en más de 720 mil pesos. Pero en este caso se comerciaron hasta en 2 millones 800 mil pesos.

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