Guaymas, ‘en quiebra’ por deudas y malos manejos

El ayuntamiento sonorense es inoperante y enfrenta una crisis de servicios públicos, debido a la irresponsabilidad de varias administraciones.

Sonora

Si fuera una empresa, se habría declarado en bancarrota. La ciudad heroica que derrotó a los franceses, uno de los puertos más importantes del Pacífico y el quinto municipio más grande de Sonora no tiene recursos para cumplir sus obligaciones financieras, y peor aún, para garantizar la continuidad de los servicios municipales. Su deuda con un solo banco es doce veces mayor que su presupuesto de egresos para 2017.

El ayuntamiento está en aprietos y los panistas a cargo no pueden ocultarlo. “Tenemos problemas con la nómina y rezago en los pagos por la recolección de basura. No podemos cumplir con el alumbrado público, bacheo y mantenimiento de la ciudad”, admite el secretario del ayuntamiento, Alan Jaramillo.

Los habitantes comienzan a padecer la falta de servicios. “Nunca habíamos estado tan mal, este gobierno es lo peor que nos pudo pasar”, reclama una vecina del Ocotillo I, una zona popular. Y la situación solo puede empeorar…

Pero la crisis actual es solo la punta del iceberg: la quiebra de Guaymas se ha gestado durante años de endeudamiento irresponsable y malos manejos financieros. Los guaymenses no imaginan que los tratos entre funcionarios locales e instituciones bancarias son la verdadera fuente de sus padecimientos.

A finales de 2009, cuando iniciaba la administración del alcalde César Lizárraga (PAN), el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora (ISAF) advirtió por primera vez sobre el déficit del municipio. Meses después, en mayo de 2011, su administración firmó un contrato cuya deuda se ha vuelto impagable.

Se trata de un arrendamiento firmado con Banca Mifel por casi 41 millones 500 mil pesos para adquirir luminarias, lámparas y postes para el alumbrado público. Mediante un pagaré, el municipio se comprometió a cubrirlo mediante 25 pagos “mensuales, parciales y consecutivos”. Algo que no cumplió.

El gobierno de Lizárraga suspendió las mensualidades en diciembre de 2011 y heredó la deuda a su sucesor: el priista Otto Claussen, quien no la liquidó. “Esa operación con Mifel era irregular e ilegal. Además nunca se comprobó la instalación de las luminarias”, justifica Claussen en entrevista con MILENIO.

Para entonces, Guaymas llevaba tres años con pésimas calificaciones en los informes anuales del ISAF. De 2010 a 2012, su evaluación en materia de liquidez y gestión financiera fue “no aceptable”. Las auditorías lo confirman: la sombra de la insolvencia llegó para quedarse.

Sin embargo, en el cabildo de Guaymas no se dieron por enterados. Durante una sesión extraordinaria, en noviembre de 2012, aprobaron una nueva solicitud de crédito. En su exposición de motivos, los ediles defendieron la necesidad de más deuda como un “imperativo categórico” para atender las demandas sociales.

Y lograron que un banco les prestara: el 26 de julio de 2013, el gobierno de Otto Claussen firmó un crédito a 20 años por 315 millones de pesos con Bansi SA, institución de banca múltiple. Para obtenerlo, Guaymas comprometió sus ingresos presentes y futuros por concepto de participaciones federales.

—¿Cómo lograron que un banco le prestara a un municipio insolvente?, se cuestiona al ex alcalde.

—Con la confianza, con los números y la transparencia, con el orden que empezamos a mostrar. Y no solo Bansi, había varios interesados, responde Claussen.

Para administrar los recursos, se creó un fideicomiso administrado por Bansi. En la cláusula séptima del contrato, referente a las instrucciones al fiduciario, se le pide “recibir y resguardar” los fondos hasta que “se acredite fehacientemente” la liquidación del adeudo previo con Banca Mifel.

Esto nunca ocurrió. Tanto que Mifel demandó al ayuntamiento y tras meses de litigio, obtuvo una sentencia definitiva a su favor en mayo de 2016. El banco formalizó ante el juez los montos que exige a Guaymas: casi 58 millones de pesos por rentas adeudadas, más 8 mil 824 millones de pesos por concepto de “pena convencional calculada”.

“¡Es surrealista!”, considera el director jurídico de Guaymas, Carlos Mexía, quien explica el cálculo del banco: “La cifra se obtiene, según las cláusulas, considerando una renta diaria equivalente a tres veces la renta mensual desde que se cayó en mora. Son cinco años, por eso es exorbitante”.

Bajo el requerimiento de Mifel, la deuda original se incrementó en al menos 20 mil por ciento. Con ese monto se podrían haber liquidado más de 200 facturas idénticas a la original, misma que amparaba mil 739 luminarias, 30 mil lámparas ahorradoras y 75 postes, entre otros.

El abogado Mexía insiste en que Bansi, por su parte, tiene responsabilidades al haber incumplido una parte del contrato, en particular, por haber transferido los recursos al ayuntamiento sin constatar la liquidación de la deuda con Mifel.

Las instituciones involucradas, Bansi y Mifel, no respondieron a las peticiones de MILENIO. Sobre este tema, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, designada por ley para supervisar a las entidades financieras, fijó su postura por escrito:

“No corresponde a la Comisión velar por el cumplimiento de cada uno de los contratos celebrados por las entidades financieras
—cuyo cumplimiento en todo caso corresponde exigirse a cada una de las partes interesadas—, sino procurar la estabilidad y solvencia de las instituciones”.

Sobre el ejercicio de los recursos, las opiniones se dividen. El gobierno actual acepta la abundancia de obra pública en el trienio anterior, pero sostiene que el manejo del crédito otorgado por Bansi fue “oscuro e irregular”.

En contraste, Otto Claussen defiende sus obras, pero —más allá del catálogo propagandístico de su gobierno— no aporta pruebas sobre el destino exacto de los 315 millones. Para él, la ciudad no adolece de falta de liquidez, “sino de falta de rumbo”.

En tanto, Guaymas se sume en la crisis y los más afectados serán sus habitantes, pero no solo ellos, también la próxima generación. Quienes nacen hoy en este puerto histórico cargan ya sobre sus hombros el peso de una deuda impagable...

CLAVES

SANCIÓN

El ex alcalde panista de Guaymas, César Lizárraga (PAN) fue inhabilitado 10 años y multado por la Contraloría Municipal, tras comprobarse irregularidades en su administración.

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la deuda de las entidades federativas y municipios permaneció constante entre 2001 y 2008, pero de ahí y hasta 2012 se duplicó en términos nominales.

En su artículo 117, la Constitución establece que los estados y municipios solo podrán contratar préstamos  cuando se destinen a “inversiones públicas o productivas” y que “deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”.



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