Aprueban gubernatura de 2 años para Veracruz

La reforma política tiene como objetivo homologar las elecciones locales de gobernador y diputados locales, quienes podrán reelegirse hasta por cuatro periodos.

Xalapa

Con el voto a favor de 45 diputados; 5 en contra y cero abstenciones, fue aprobada en sesión del pleno de la LXIII Legislatura local de Veracruz la Reforma Político-Electoral enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Dicha reforma establece entre otras cosas la reelección de los diputados locales hasta por cuatro ocasiones y un periodo gubernamental de transición de dos años.

La reforma a la Constitución Política de Veracruz estipula que para el 2016 habrá un gobierno de dos años, por única ocasión y diputados también bianuales, la misma plantea 15 modificaciones, entre estas la creación de la Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría General de Justicia, misma que sería un organismo autónomo para lo que se incorpora un procedimiento de designación similar que prácticamente reproduce al del Fiscal General de la República.

Durante la transición de la Procuraduría General del Estado a Fiscalía General, como órgano autónomo, se propone una solución idéntica a la adoptada en la Constitución General, de modo que quien ejerza la función de Procurador General de Justicia del Estado al momento de la reforma, se considere designado como Fiscal General por el mismo decreto, para continuar en la función por el periodo de nueve años previsto en el artículo 67.

Previo a la votación hubo pronunciamientos de las diferentes fracciones parlamentarias que en su mayoría defendieron y alabaron la iniciativa que era "por el bien de Veracruz".

Los diputados que votaron en contra del dictamen fueron los panistas Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Alejandro Zairick Morante y Hugo Fernández Bernal; el petista Fidel Robles Guadarrama y Cuauhtémoc Pola Estrada, del Movimiento Ciudadano, este último advirtió que interpondría un recurso de controversia constitucional contra la reforma.

El argumento que dio el gobierno estatal al proponer la reforma fue que la misma buscaba fortalecer la vida democrática de Veracruz y actuar en concordancia con la Constitución General de la República.

Los miembros de las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales dictaminaron las siguientes modificaciones: Se efectuará una elección constitucional en junio de 2016 para gobernador y diputados locales para el periodo de dos años entre el 1 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2018, lo que hará coincidentes la elección local y la de los poderes federales.

La jornada electoral será el primer domingo de junio del año de la elección, y se determinó que un partido político local deberá obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones efectuadas en el estado, de lo contrario perderá el registro.

De manera excepcional, la jornada electoral del año 2018 tendrá verificativo el primer domingo de julio y no de junio, como se establece en la disposición permanente.

También se aprobó suprimir la participación del Congreso local en la definición de los distritos electorales del estado y en la conformación de las autoridades electorales estatales, tanto administrativas como jurisdiccionales; y se remitió a la regulación constitucional de la República las candidaturas independientes.

En lo referente a la acreditación de diputados plurinominales, se fija como base el tres por ciento de la votación válida emitida y se marcan los límites de sobrerrepresentación y subrepresentación en el ocho por ciento constitucionalmente fijado.

En el caso de los ayuntamientos, la posibilidad de reelección está condicionada a tres años, y conforme en Veracruz hay ayuntamientos con periodos de cuatro años, esta modalidad podrá aplicarse para los electos en 2017, que podrían ser reelectos en 2020.

El organismo público encargado de organizar las elecciones deja de disfrutar de autonomía constitucional, puesto que su funcionamiento estará sujeto a decisiones del órgano electoral nacional, y el Tribunal Electoral estatal queda conformado por tres magistrados.

En cuanto a la revocación del mandato, se estipula que esta figura ya existe en el sistema constitucional del estado, donde se ha empleado por decisión del Congreso, que está facultado para revocar el mandato de los ediles, por lo que ajustarla en este dictamen podría tener más desventajas que ventajas.