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Domingo , 23.09.2018 / 16:20 Hoy

Gobierno minimiza un delito: diputado

Dijo que si sólo se han encontrado faltas administrativas deben revisar de nuevo.

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Al argumentar que es un tema en el que se evidenció un presunto desvío de recursos, Daniel Carrillo Martínez, presidente del Congreso local, consideró que el Estado está subestimando el caso del cobijagate luego de que la Contraloría solamente detectara irregularidades administrativas.

El diputado panista calificó esta situación como grave toda vez que lo que se demostró es un supuesto desvío de recursos y no sólo tiene que ir a parar en los jefes superiores del ahora ex subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, sino a la Procuraduría para que se abra una investigación
formal.

"Creo que están subestimando las actuaciones por parte de los que hayan encontrado con manipulaciones o algunos hechos que sean ilícitos y estos tendrían que terminar en la Procuraduría y seguir las sanciones que tengan que seguir, hasta en actos que tengan que ser penales.

"Si existe la conjetura de que existen precios inflados, es porque pudieron haber conseguido precios más bajos y si esto sucedió es un impacto a la hacienda pública y un impacto a la hacienda pública es un acto de ilegalidad y un hecho de impacto al patrimonio no nada más de un Gobierno del Estado sino de toda la ciudadanía que paga sus impuestos", dijo.

Por ello, Carrillo insistió al Gobierno del Estado cumplir y dar justicia a los actos ilegales, ya que si nada más han encontrado actos administrativos, deben darle una segunda revisada al expediente debido a que ya hay funcionarios cesados.

"Creo que la Contraloría tendría que enviar los recursos de investigación a la Procuraduría de Justicia para que en su caso hiciera la conformación de los sujetos que tendrían un involucramiento directo y que dictaminaran la afectación a la hacienda pública", detallo.

Concluyó que si este caso solamente se queda en una irregularidad administrativa, la sociedad hará lo propio para comenzar a reclamar que se haga justicia por el recurso público destinado para la compra de cobertores al triple de su valor.

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